El precio promedio del arroz en Japón volvió a bajar, marcando su tercera semana consecutiva de descenso. Según informó el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca (MAFF), entre el 2 y el 8 de junio el costo promedio de un saco de cinco kilogramos en supermercados fue de 4.176 yenes, es decir, 48 yenes menos que la semana anterior. Sin embargo, la caída, que a primera vista parece alentadora, es apenas simbólica frente a la magnitud del problema.
El Gobierno había comenzado a distribuir masivamente arroz de sus reservas estratégicas mediante contratos directos, con la esperanza de forzar una reducción en los precios minoristas. Pero tres semanas después, el impacto es marginal. La caída total en ese período no supera los 150 yenes, lo que equivale a un par de monedas para el bolsillo del consumidor.
EL GOBIERNO NO TIENE AUTORIDAD
El ministro de Agricultura, Koizumi Tetsuro, se mostró consciente de la insuficiencia de la medida. “El precio todavía no ha llegado a un nivel en el que el ciudadano pueda comprar con tranquilidad. No es momento de bajar el ritmo”, afirmó. La declaración, aunque en tono serio, deja ver un trasfondo más grave: el Gobierno no tiene autoridad real sobre los actores que influyen en el mercado del arroz.
Mientras el arroz barato —como el “arroz mezclado” que incluye granos de menor calidad o procedentes de reservas— aumenta su presencia en las góndolas hasta alcanzar el 44% del total vendido, las marcas reconocidas como “Koshihikari” siguen al mismo precio. El arroz bueno no baja. Simplemente conviven ahora, más visiblemente, con paquetes más baratos que salvan las cifras del MAFF pero no alivian la situación real del consumidor.
EL PRECIO APENAS HA BAJADO
Un alto funcionario de una cadena de supermercados lo explicó sin rodeos: “No es que haya bajado el mercado. Simplemente hay más arroz barato en exhibición. Para que el precio general baje, falta bastante”.
En otras palabras: los mayoristas siguen dictando las reglas, los acopiadores mantienen márgenes generosos, y el arroz de las reservas públicas, financiado con impuestos, termina apenas maquillando estadísticas. El público, mientras tanto, sigue pagando casi lo mismo que antes por su alimento básico. La supuesta intervención del Gobierno se diluye ante una estructura comercial que hace oídos sordos a cualquier intento de regulación. (RI/International Press)
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