La reforma en la distribución del arroz de reserva del gobierno japonés, impulsada por el nuevo ministro de Agricultura, Shinjiro Koizumi, ha desatado una fuerte controversia entre autoridades, agricultores y consumidores. La decisión de liberar grandes cantidades de arroz a través de contratos directos con minoristas ha provocado malestar en las organizaciones agrícolas, especialmente en la poderosa JA (Asociación de Cooperativas Agrícolas de Japón).
El 29 de mayo se anunció que 61 empresas fueron aprobadas para vender arroz de reserva bajo este nuevo esquema. JA, sin embargo, expresó su preocupación por el impacto que esto puede tener en los precios del arroz y en la motivación de los agricultores. Según Koichi Miyata, presidente de JA en la prefectura de Fukui, si los precios bajan demasiado, los productores podrían abandonar el cultivo. Otros directivos advirtieron que, si ocurre un gran terremoto como el del sur de Japón que se teme desde hace años, las reservas podrían ya no estar disponibles.
A esto se suma el malestar porque JA y otras entidades intermedias fueron excluidas del nuevo modelo de distribución, lo que ha sido visto como una amenaza directa a su rol en la cadena de suministro.
A pesar de sus argumentos, la opinión pública ha sido crítica. En redes sociales, muchos ven la postura de JA como una defensa de sus intereses económicos, más que una preocupación por los agricultores o la seguridad alimentaria:
“Lo que quieren es proteger sus privilegios, no a los agricultores.”
“Compraban arroz barato y no dejaban que bajara el precio al consumidor.”
“No se puede confiar en intermediarios que piensan en su margen y no en el país.”
Los antecedentes no ayudan. En una rueda de prensa previa, el presidente de la organización central JA, Toru Yamano, afirmó que el precio actual del arroz no era alto, a pesar de que los consumidores pagaban en promedio más de 4.200 yenes por 5 kg, el doble del precio de 2024.
Hoy, con la llegada de arroz más barato a las tiendas, las críticas contra JA aumentan. Algunos analistas creen que la organización retrasó deliberadamente la distribución del arroz más accesible para proteger los precios más altos de sus propios productos. (RI/AG/IP/)
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