La organización Human Rights Watch (HRW) y la ONG surcoreana Transitional Justice Working Group (TJWG) publicaron un informe basado en testimonios de desertores norcoreanos, titulado «Testimonios de desertores sobre la represión relacionada con el COVID-19». El documento recoge las declaraciones de tres hombres y cinco mujeres que escaparon de Corea del Norte entre 2020 y 2023 y detallan un aumento de las ejecuciones públicas en los últimos años.
Kim Il-hyuk, un comerciante de arroz que desertó en mayo de 2023 desde Pyoksong, en la provincia de Hwanghae del Sur, aseguró que entre 2012 y 2019 nunca presenció ejecuciones públicas, pero que estas se volvieron frecuentes desde 2020. «Desde 2020, vi ejecuciones cada dos meses. En 2022 y 2023, seguí viendo fusilamientos con la misma frecuencia, con tres personas ejecutadas en cada ocasión», relató.
En enero de 2020, el régimen norcoreano cerró sus fronteras y suspendió el comercio para evitar la entrada del COVID-19. La medida empeoró la ya crítica escasez de alimentos, lo que llevó a un aumento de delitos relacionados con la supervivencia. Según Il-hyuk, el gobierno intensificó las ejecuciones públicas como método de represión y control.
«A medida que los alimentos escaseaban, aumentaron los crímenes violentos: personas que entraban a casas de ancianos solitarios para robar comida y dinero, asesinatos en la calle para apoderarse de víveres, y más robos a mano armada. Para aterrorizar a la población y evitar disturbios, el gobierno utilizó estos casos para justificar ejecuciones públicas», explicó. «El 90 % de las ejecuciones que presencié estaban relacionadas con este tipo de crímenes».
Sin embargo, algunas ejecuciones ocurrieron por delitos que, fuera de Corea del Norte, no se considerarían graves. Un caso particular fue el de un hombre que pagó con su vida por probar el «sabor prohibido», tal como fue descrito el episodio.
Según una fuente interna citada por el medio Daily NK, en noviembre de 2020 desapareció una vaca de una granja cooperativa en el condado de Onsong, provincia de Hamgyong del Norte. El encargado de la granja sospechó que un residente, desesperado por la crisis alimentaria, la había robado y comenzó a investigar en los alrededores. Al acercarse a una vivienda, percibió un fuerte olor a carne cocida. Tras irrumpir en la casa con la policía, encontraron grandes cantidades de carne de res almacenada y huesos de vaca en la chimenea del sistema de calefacción ondol.
El sospechoso, un hombre de unos 40 años, fue arrestado de inmediato. Durante un duro interrogatorio, confesó que, al verse sin recursos y sin otra opción para sobrevivir, mató y comió la vaca. Como el ganado es considerado propiedad del Estado y un medio de producción agrícola, el robo y sacrificio de una res no se trata como un simple delito económico, sino como un crimen político en Corea del Norte. (RI/AG/IP/)
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