A partir de abril, Japón reforzará aún más las restricciones para ciudadanos extranjeros que deseen comprar tierras agrícolas, exigiendo información detallada sobre su estatus de residencia. La medida responde a preocupaciones crecientes sobre los riesgos que estas adquisiciones podrían representar para la seguridad alimentaria del país.
En Japón, la compra de tierras agrícolas está regulada por los comités locales de agricultura. Actualmente, los compradores de cualquier nacionalidad deben comprometerse a realizar actividades agrícolas durante al menos 150 días al año. En el caso de empresas, la mayoría de su propiedad debe pertenecer a partes vinculadas con el sector agrícola.
Sin embargo, a partir del 1 de abril, estos comités comenzarán a rechazar adquisiciones de tierras por parte de extranjeros cuyo estatus de residencia esté próximo a expirar. También se bloquearán compras, tanto de nacionales como de extranjeros, si los compradores se trasladan fuera del área poco tiempo después de la adquisición. La duración específica de estos períodos será determinada caso por caso, tomando en cuenta los ciclos de cosecha de cada cultivo, según el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca.
MOTIVOS DEL ENDURECIMIENTO
El gobierno japonés ha intensificado su vigilancia debido a la creciente adquisición de tierras agrícolas por parte de entidades extranjeras. Aunque las tierras agrícolas son propiedad privada, también son un elemento crucial de la infraestructura de producción de alimentos del país.
Existe el temor de que empresas o individuos de países con relaciones tensas con Japón compren tierras y suspendan la producción, afectando el suministro interno de alimentos. Otra preocupación es que las tierras adquiridas con fines de inversión puedan quedar sin cultivar, reduciendo la capacidad agrícola del país.
ANTECEDENTES Y CIFRAS
En septiembre de 2023, Japón ya había implementado requisitos de notificación para compradores extranjeros de tierras agrícolas. A partir de entonces, los compradores individuales deben informar sobre su nacionalidad y estatus de residencia, mientras que las empresas deben proporcionar datos sobre la nacionalidad de sus principales accionistas.
Según datos del Ministerio de Agricultura, entre 2017 y 2023, seis empresas con vínculos extranjeros compraron un total de 68.2 hectáreas de tierras agrícolas. En 2022, el gobierno amplió su investigación para incluir a ciudadanos extranjeros residentes en Japón, así como a empresas en las que estos posean participación o sean directores. Como resultado, en 2023, el número de extranjeros comprando tierras agrícolas en Japón se duplicó con respecto al año anterior, alcanzando 239 compradores, aunque la superficie adquirida cayó un 42% hasta 90 hectáreas.
La agricultura en Japón enfrenta una disminución en su fuerza laboral. Según datos reportados por el Nikkei, en 2000, el país contaba con 2.4 millones de trabajadores agrícolas autónomos, mientras que en 2023 la cifra se redujo a 1.16 millones. Además, aproximadamente el 70% de los agricultores tenía 65 años o más. Ante esta situación, los trabajadores extranjeros, incluidos los pasantes técnicos, están desempeñando un papel clave en el sostenimiento del sector. (RI/NI/IP/)
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