En Budapest, Hungría, un hombre de nacionalidad irlandesa fue detenido el pasado 3 de febrero bajo sospecha de haber asesinado a su exesposa japonesa, de 43 años, en el mes de enero. La víctima había denunciado previamente amenazas de muerte por parte de su exmarido, quien le había enviado una carta en la que le advertía que «moriría sufriendo». No obstante, según los abogados de la mujer, las autoridades locales no tomaron medidas al respecto.
La defensa de la víctima informó que la japonesa había acudido a la policía en varias ocasiones antes de su muerte para pedir protección, pero las autoridades no iniciaron ninguna investigación. «La policía no comenzó una investigación adecuada. Nos dijeron que no era un crimen en Hungría», declaró la abogada de la mujer. Esta falta de acción por parte de la policía desató una ola de críticas en la ciudad, y el caso generó una serie de manifestaciones en las calles de Budapest.
Ayer, la policía húngara emitió una disculpa pública, reconociendo que su respuesta ante las denuncias de la víctima fue inapropiada. En su comunicado, las autoridades admitieron que no tomaron las amenazas de violencia doméstica de la mujer con la seriedad que requería la situación. Como consecuencia, seis funcionarios de alto rango han sido suspendidos. Además, se anunció que se reactivarán investigaciones sobre casos de violencia doméstica archivados en el último año, y que se incrementará la capacitación de los agentes en estos temas.
El caso ha puesto nuevamente sobre la mesa el debate sobre la respuesta institucional frente a la violencia de género en Hungría, especialmente en casos que involucran a extranjeros. Grupos locales de defensa de los derechos de las mujeres, que ya conocían las denuncias previas de la víctima, señalaron que el sistema de justicia en el país no protege adecuadamente a las mujeres víctimas de violencia doméstica, y que la respuesta de las autoridades es incluso más deficiente cuando los agresores son extranjeros.
En cuanto a la situación familiar, tras su divorcio, la mujer y su exmarido mantenían una disputa por la patria potestad de sus dos hijos. Durante este proceso, la justicia permitía que el hombre visitara a los niños varias veces a la semana sin tomar en cuenta las amenazas recibidas. Mientras tanto, la mujer no había podido obtener el permiso necesario para regresar a Japón con ellos, mientras que el hombre había mudado su residencia a otro país por motivos laborales y buscaba llevarse a los hijos con él. (International Press)
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