El Gobierno japonés ha revelado que más de la mitad de las adquisiciones de terrenos cercanos a instalaciones clave de seguridad nacional, como bases militares y centrales nucleares, han sido realizadas por individuos o entidades chinas. Según un informe presentado en el Consejo de Revisión de la Ley de Regulación del Uso del Suelo, 371 propiedades han sido adquiridas en áreas designadas como «zonas de atención especial», lo que ha suscitado preocupaciones sobre la posible recopilación de información sensible en un contexto de crecientes tensiones en Asia Oriental.
Entre los terrenos adquiridos, el 54,7 % está vinculado a China, lo que equivale a 203 propiedades que suman un área total de 16.275 metros cuadrados. Tokio fue la región más afectada, con 171 adquisiciones, incluyendo 104 terrenos en los alrededores de la sede del Ministerio de Defensa.
Preocupación por la seguridad nacional
El informe destaca que estas adquisiciones incluyen terrenos próximos a instalaciones estratégicas como bases de la Fuerza de Autodefensa en Hokkaido, Okinawa y Yonaguni, donde las actividades podrían incluir la observación de movimientos militares y la recopilación de datos sensibles. Un excomandante del Ejército de Japón, Yuki Yamashita, advirtió sobre los riesgos: “Incluso si el propósito es puramente comercial, estas propiedades podrían ser utilizadas en el futuro para recopilación de información en tiempos de crisis, especialmente considerando las leyes chinas como la Ley de Movilización Nacional y la Ley de Inteligencia, que obligan a ciudadanos y empresas a colaborar con el gobierno”.
Además, el informe señaló que algunas propiedades adquiridas se encuentran en áreas que permiten monitorear entrenamientos de aeronaves o movimientos logísticos de la Fuerza Aérea japonesa, lo que podría facilitar el análisis de las capacidades y estrategias militares de Japón.
MARCO LEGAL INSUFICIENTE
Japón introdujo en 2022 la Ley de Regulación del Uso del Suelo, que establece «zonas de atención» y «zonas de atención especial» alrededor de instalaciones críticas. La normativa permite al Gobierno emitir recomendaciones o incluso órdenes de cese de actividades si se detectan acciones que interfieran con la operación de estas instalaciones. Sin embargo, el marco legal no impide directamente las adquisiciones ni contempla medidas retroactivas para terrenos ya comprados.
Expertos en seguridad, como Yamashita, subrayan que las medidas actuales son insuficientes frente a la creciente complejidad de las operaciones extranjeras. “En comparación, países como Estados Unidos y Australia imponen restricciones más estrictas sobre la compra de propiedades cercanas a instalaciones estratégicas, con procesos de revisión y aprobación que otorgan al Gobierno herramientas más efectivas para bloquear transacciones sospechosas”, afirmó.
Además de China, otros países como Corea del Sur, Taiwán y Vietnam han participado en adquisiciones de terrenos estratégicos en Japón, aunque en menor medida. (RI/AG/IP/)
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