A partir de hoy, 12 de diciembre, Japón comenzará a penalizar no sólo la posesión y distribución ilegal de cannabis o marihuana, sino también su consumo, tras la entrada en vigor de las enmiendas a la Ley de Control de Narcóticos y la Ley de Control del Cannabis. La introducción del delito de consumo busca frenar el creciente abuso de esta sustancia, especialmente entre los jóvenes.
El consumo de cannabis puede alterar la percepción, reducir la capacidad de aprendizaje y, con el tiempo, causar dependencia. También se asocia con un mayor riesgo de desarrollar esquizofrenia o depresión. Estas preocupaciones han llevado al Gobierno japonés a endurecer la legislación para prevenir su uso.
¿POR QUÉ EL CONSUMO NO ERA PENALIZADO HASTA AHORA?
Desde la promulgación de la Ley de Control del Cannabis en 1948, solo se castigaban la posesión, el cultivo y la distribución. En aquel entonces, no existía un problema de abuso de cannabis. Además, se consideraron las circunstancias de los agricultores que cultivaban cáñamo para usos tradicionales, como las cuerdas sagradas de los santuarios, y que podían inhalar accidentalmente sus componentes psicoactivos.
Sin embargo, el aumento del consumo entre los jóvenes cambió el panorama. Se argumentó que la falta de sanciones específicas bajaba la barrera para consumir, lo que llevó al Parlamento japonés a aprobar las enmiendas en 2023. Con ello, el consumo de cannabis ahora se equipara al de otras sustancias reguladas.
SANCIONES Y NUEVAS REGULACIONES
El cannabis y su compuesto psicoactivo THC (tetrahidrocannabinol) han sido clasificados como «narcóticos». Su uso ilegal puede castigarse con hasta siete años de prisión. Sin embargo, las enmiendas permiten el uso médico de productos derivados del cannabis, bajo un estricto sistema de licencias.
Hasta ahora, la policía dependía de la evidencia física de posesión para procesar casos relacionados con el cannabis. Con la nueva legislación, incluso si no se encuentra la sustancia, los investigadores podrán procesar a los sospechosos basándose en pruebas de consumo, como análisis de orina o cabello. Esto ampliará las posibilidades de detección, por ejemplo, en situaciones donde se perciban rastros de marihuana, como el olor en un vehículo.
El aumento de casos implicará una mayor necesidad de recursos, como personal y equipos para realizar análisis toxicológicos. Además, podrían surgir complicaciones en situaciones donde los sospechosos argumenten haber consumido en países donde el cannabis es legal. En tales casos, será necesario revisar los registros de migración, lo que exige un sistema más eficiente de consultas internacionales.
El abuso de cannabis entre los jóvenes se ha disparado. En 2023, unas 6.703 personas fueron arrestadas en relación con casos de cannabis, un récord histórico que superó por primera vez los casos relacionados con metanfetaminas. De estos, el 72,9% eran menores de 30 años, con un aumento de más de seis veces respecto a 2014. (RI/NI/IP/)
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