El Tribunal de Cuentas de Japón ha revelado que se han concedido 1.436 millones de yenes (aproximadamente 9,5 millones de dólares) en préstamos a beneficiarios de la asistencia social, quienes no debían ser destinatarios de estos fondos. Estos préstamos se dieron en el marco de un programa de apoyo para los hogares afectados por la pandemia de COVID-19, gestionado por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar.
Este programa, administrado por las asociaciones de bienestar social en todo el país, se creó para proporcionar ayuda financiera a las familias afectadas por la pandemia. Desde marzo de 2020 hasta septiembre de 2022, las solicitudes se simplificaron, eliminando la entrevista y reduciendo los requisitos documentales. Además, se implementaron medidas especiales, como la exención de los reembolsos en aquellos casos donde la disminución de ingresos fuera prolongada.
Sin embargo, el programa establecía claramente que los beneficiarios de la asistencia social no eran elegibles para estos préstamos, ya que sus necesidades básicas ya estaban cubiertas por el sistema de bienestar. A pesar de esta norma, en 16 de las 47 prefecturas japonesas, se otorgaron préstamos a beneficiarios de asistencia social por un total de 1.436 millones de yenes en más de 4,400 casos.
El Tribunal de Cuentas concluyó que las asociaciones no verificaron adecuadamente si los solicitantes ya recibían asistencia social antes de aprobar los préstamos. Ante este descubrimiento, el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar ha ordenado a las asociaciones que revisen los préstamos concedidos y refuercen sus sistemas de verificación para evitar errores futuros. (RI/AG/IP/)
