El lunes entra en vigor en Japón una versión actualizada de la ley de inmigración que permite al gobierno central deportar a personas que han solicitado el estatus de refugiado tres veces o más incluso si sus solicitudes están en proceso.
Muchos extranjeros están preocupados y temen morir si los expulsan a sus países de origen.
Uno de ellos es Myo Kyaw Kyaw, un hombre de 38 años, miembro de la perseguida minoría musulmana rohingya en Myanmar.
“No habrá garantía para mi vida si regreso”, declara a Jiji Press.
“Es una ley que no protege vidas”, añade.
Huyó de su país y aterrizó en Japón en 2006. Sus tres solicitudes de refugio han sido rechazadas.
Si lo deportan y regresa a Myanmar, podrían matarlo.
También está alarmado por la ley un camerunés de 61 años que en su país -dice a Jiji Press- pertenecía a un movimiento laboral que se enfrentó al gobierno por el trabajo no remunerado.
Un colega fue asesinado y escapó a Japón, donde aterrizó en 2012.
Sus dos solicitudes de refugiado han sido rechazadas. Estuvo dos años recluido en un centro de detención de inmigrantes a fines de la década pasada.
En noviembre de 2018, mientras estaba detenido, presentó una demanda ante el Tribunal de Distrito de Tokio para exigir la anulación de la decisión de no reconocerlo como refugiado.
El tribunal falló a su favor, pero el Tribunal Superior de Tokio revocó la decisión de la instancia inferior.
Actualmente en libertad provisional, ha apelado ante el Tribunal Supremo para que lo reconozcan como refugiado.
Solicitar refugio es parte de los derechos humanos, dice. Quienes lo piden no deben ser tratados como animales. “Por favor, dejen de deportarnos por la fuerza y matarnos”. (International Press)
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