El 21 de mayo, la Cámara Baja de Japón aprobó un proyecto de ley que permite revocar el estatus de residente permanente de los extranjeros que no pagan deliberadamente impuestos o primas de asistencia social.
Se espera que el proyecto obtenga luz verde en la Cámara Alta y se convierta en ley.
La iniciativa ha causado preocupación entre los extranjeros.
Uno de ellos es una mujer filipina que lleva alrededor de 30 años en Japón.
La mujer cuenta a Asahi Shimbun que obtuvo la residencia permanente después de casarse con un japonés.
Más adelante la pareja se divorció y ella crio a sus hijos trabajando como empleada de limpieza en hoteles.
Sin embargo, desde hace unos años no puede trabajar debido a problemas de salud.
Si bien ella está exenta de pagar impuestos, le preocupa el proyecto, así como a muchos extranjeros que conoce.
Hay filipinas en Japón que tras dejar a sus esposos japoneses, que abusaban físicamente de ellas, enfrentan dificultades económicas.
Mientras tanto, la estadounidense Elin McCready, profesora en la Universidad Aoyama Gakuin en Tokio, es otra residente permanente preocupada por su futuro, estatus que alcanzó hace alrededor de una década.
McCready critica el proyecto, una muestra de que al gobierno de Japón solo le importan los japoneses, según ella.
La académica sostiene que la propuesta colisiona con las declaraciones del gobierno nacional que dicen que quiere hacer de Japón un país atractivo para los trabajadores extranjeros (indispensables debido a la aguda escasez de mano de obra que sufre).
El proyecto, dice, “acabará con los esfuerzos que se han hecho en los últimos años para abrir el país al mundo exterior”.
“Puede que llegue un momento en un futuro no muy lejano en el que los japoneses se pregunten: ‘¿Qué ha hecho el gobierno?’”, añade en declaraciones a Asahi.
La Red de Solidaridad con los Migrantes de Japón (Ijuren) está desempeñando un rol activo contra la iniciativa.
Miembros de la organización se reunieron con funcionarios de la Agencia de Servicios de Inmigración para entregarles una petición firmada por 40.947 personas que están en contra del proyecto.
Como la estadounidense Elin McCready, el líder de Ijuren, Ippei Torii, sostiene que la revocación de la residencia permanente “no está de ningún modo relacionada” con los esfuerzos por ampliar el número de trabajadores extranjeros en Japón.
Ahora bien, funcionarios gubernamentales han explicado en la Dieta que la medida no afectará a los extranjeros que sufren enfermedades o una pérdida de sus ingresos.
También han dicho que aquellos que pierdan la residencia permanente podrán seguir en Japón como residentes a largo plazo, lo que significa que van a tener que solicitar una extensión de su visa (con el riesgo de que no se los concedan).
Ijuren hace notar, además, que los extranjeros a quienes se rebaje de estatus podrían tener más dificultades para acceder a viviendas o préstamos.
En la Dieta también se ha presentado el ministro de Justicia, Ryuji Koizumi.
¿Qué ha dicho?
Que si el gobierno no hace nada con los residentes permanentes que no pagan impuestos, podrían surgir sentimientos de injusticia entre los japoneses o provocar prejuicios contra los extranjeros.
Sin embargo, la abogada de la red de solidaridad Yumi Murayama cree que el proyecto “podría terminar reforzando los prejuicios y la discriminación contra los extranjeros”.
Nadie dice que no se castigue a los extranjeros evasores, lo que se pide es que el castigo no sea tan drástico.
La abogada Maruyama señala que revocar el estatus es una sanción mucho más severa que la que reciben los japoneses que no pagan impuestos.
En esa línea está la oposición en la Dieta, el Partido Demócrata Constitucional de Japón y el Partido Comunista Japonés, que sugieren que el castigo a los extranjeros evasores sea el mismo que se aplica a los japoneses. Confiscar activos, por ejemplo. (International Press)
