En febrero de 2019, Shinya Omori, director de un orfanato de Tokio, fue asesinado a apuñaladas por un hombre. Omori tenía 46 años.
El asesino, un veinteañero, fue arrestado, pero se libró de un juicio porque una evaluación psiquiátrica determinó que no era mentalmente competente para asumir responsabilidad penal por su delito.
Cinco años después, su esposa Mariko lucha para que se haga justicia a Shinya.
Mariko se mueve entre las brumas de un intrincado sistema legal que le impide acceder a información sobre el caso de su cónyuge.
“Todavía me pregunto por qué asesinaron a mi esposo y qué pasó con el hombre que cometió el crimen”, declara la mujer a Mainichi Shimbun.
El asesino está hospitalizado, pero Mariko no sabe dónde. Desconoce qué enfermedad mental padece. Y cuando el hombre sea dado de alta, no se le informará de su paradero.
El homicida no era un desconocido. Todo lo contrario. Shinya lo conocía muy bien porque había vivido en el orfanato hasta los 18 años.
Cuando salió de él, Shinya lo ayudó a conseguir un lugar donde vivir, firmando conjuntamente el contrato de arrendamiento de un apartamento.
Cuando el joven causó problemas en la vivienda, haciendo agujeros en las paredes del apartamento, Shinya acudió nuevamente en su ayuda para hacerse cargo del costo de las reparaciones.
Más adelante, el joven fue echado por atrasarse en el pago del alquiler, abandonó su trabajo y desapareció sin dejar rastro.
Varios meses después, reapareció inesperadamente en el orfanato y apuñaló a Shinya varias veces en el cuello, la espalda y la cara.
La policía arrestó al joven.
¿Por qué asesinó al hombre que lo había ayudado tanto?
Interrogado por la policía, soltó frases absurdas, como “el personal del orfanato había estado mirando dentro de mi cabeza” y “me habían estado acosando, así que tomé represalias».
El hombre dijo que había planeado apuñalar a más trabajadores del orfanato, pero que su cuchillo se rompió.
Una evaluación psiquiátrica realizada en mayo de 2019 concluyó que era incompetente para afrontar un proceso penal, pero la fiscalía de Tokio no ofreció una explicación detallada.
En julio del mismo año, Mariko acudió a una audiencia donde se decidiría el futuro del hombre con la esperanza de averiguar por qué asesinó a su esposo.
Nada de eso ocurrió. Peor aún, a la viuda le pareció que el tipo no tenía problemas para responder a las preguntas del tribunal y conversaba fácilmente con el juez y otras personas.
Como acudió a la audiencia sin abogado (el tribunal no lo permitió), a Mariko le resultó difícil comprender la maraña legal que envuelve los casos que involucran a personas con problemas mentales como el asesino de su cónyuge.
En 2021, Mariko formó un grupo ciudadano para familias de asesinados en circunstancias similares a la suya con el fin de presionar al gobierno de Japón para que haya más transparencia e información.
“Nos gustaría que se reconocieran los derechos de las víctimas”, dice.
Mariko no está poseída por el rencor ni nada parecido. Incluso espera que el asesino pueda rehabilitarse. Pero también que entienda lo que hizo.
“Quiero que se enfrente a su crimen y comprenda lo que significa quitar una vida. De lo contrario, no podemos decir que se haya reintegrado verdaderamente a la sociedad”, concluye. (International Press)
