El Tribunal de Distrito de Kofu ha dictado la pena de muerte para un acusado que tenía 19 años en el momento del crimen. Este es el primer caso en Japón en que se sentencia a pena capital a una persona bajo la Ley de Menores revisada que entró en vigor el 1 de abril de 2022.
El acusado es Hiroki Endo, cuyo su nombre fue hecho público en el marco de la revisión de dicha ley. El presidente del tribunal, el juez Jun Mikami, justificó la responsabilidad penal de Endo y aclaró que «la posibilidad de rehabilitación del acusado no puede descartarse completamente, pero es baja». En cuanto a su edad, sostuvo: «No es motivo para evitar la pena de muerte».
La fiscalía señaló que el sospechoso era plenamente responsable por la planificación que hizo para cometer el crimen y destruir las pruebas. La defensa intentó probar que la capacidad de Endo para controlar sus acciones estaba disminuida significativamente y que se encontraba en un estado de deterioro mental. «Su carácter no está completamente desarrollado y existe la posibilidad de rehabilitación», insistió.
Durante el proceso, el acusado explicó que cometió el delito después de que la mujer a la que pretendía, hija de las dos personas asesinadas, se negó a aceptar una relación amorosa con él. Endo no se disculpó por su crimen y, por el contrario dijo: «No tengo ninguna intención de volver a la sociedad».
Según el fallo, en las primeras horas del 12 de octubre de 2021, el acusado irrumpió en la casa de las víctimas, un oficinista de 55 años en ese momento y su esposa de 50 años, a quienes apuñaló en el pecho hasta que murieron desangrados. Acto seguido, Endo prendió fuego a la casa con los dos cuerpos en su interior.
EN EL CORREDOR DE LA MUERTE
Sin embargo, no es primera vez que un menor es sentenciado a muerte por la justicia japonesa. Con la anterior Ley de Menores se registraron siete casos bajo la llamada «Norma Nagayama» de 1983. En algunos casos, las sentencias fueron revocadas, un reo ya fue ejecutado, pero en otros aún se encuentran en el corredor de la muerte desde hace casi 30 años.
La norma Nagayama considera como factores para la pena de muerte la motivación, la brutalidad, el número de víctimas y la edad del acusado, y establece que la sentencia de muerte sólo se dicta en situaciones «en que se considera inevitable».
En un caso de asesinato en Nagoya en 1988, el acusado, que entonces tenía 19 años, fue sentenciado a muerte, pero en una segunda instancia se dictaminó que podía ser reformado y se cambió la condena a cárcel indefinida.
EJECUTADO DESPUÉS DE 25 AÑOS
En 1992, el acusado, que entonces tenía 19 años, asesinó a una familia de cuatro miembros en la ciudad de Ichikawa, prefectura de Chiba. El primer juicio lo condenó a la pena de muerte alegando que tuvo «un motivo egoísta por dinero». La sentencia de muerte fue confirmada por la Corte Suprema en diciembre de 2001 y fue ejecutado a los 44 años de edad, en diciembre de 2017 en el Centro de Detención de Tokio. Habían transcurrido 25 años desde su primera sentencia a muerte.
En 1994, en una serie de muertes en la prefectura de Aichi y otros lugares que cegaron la vida de cuatro personas, uno de los tres acusados de entre 18 y 19 años, fue sentenciado a muerte. Los otros a cárcel indefinida. Sin embargo, en un nuevo juicio en 2005, todos fueron condenados a muerte y en 2011 la Corte Suprema ratificó las penas. A la fecha, tienen entre 48 y 49 años.
Por otro lado, en 1999, en la ciudad de Hikari, prefectura de Yamaguchi, un joven de 18 años asesinó a una madre y a su hijo. La Corte Suprema anuló las sentencias de cadena perpetua del primer y segundo juicio, que mencionaban la posibilidad de rehabilitación. No obstante, el Tribunal Superior de Hiroshima dictó la pena de muerte.
En un caso de triple asesinato ocurrido en 2010 en la ciudad de Ishinomaki, prefectura de Miyagi, la edad del acusado, que en ese momento tenía 18 años, fue tomada en cuenta y porque no llegó a considerarse tan brutal. (RI/NI/IP/)
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