Más de 5.000 extranjeros, en su mayoría venezolanos, abandonaron el Perú hasta el momento de manera voluntaria por la frontera norte con Ecuador, en la primera semana de entrar en vigencia el DL N°1582 que da un ultimátum a quienes se encuentren de manera ilegal en el país, luego de vencerse el plazo para el trámite del Permiso Temporal de Permanencia (PTP).
La medida dada por el gobierno de Dina Boluarte, que modifica el DL N°1350, (Decreto Legislativo de Migraciones) para fortalecer el marco normativo en materia migratoria, parece que va por buen camino, tras conocerse de manera oficial los primeros resultados.
Según el Frente Policial de Tumbes (frontera con Ecuador) al 21 de noviembre de 2023 han dejado el país 5.250 extranjeros, la gran mayoría familias enteras (padres, hijos, abuelos, tíos, sobrinos) que llegaron al Perú en busca de una oportunidad algunos y otros, para cometer crímenes y fechorías causando violencia y terror en las calles de Lima y/o provincias o distritos del interior del país.
Es esa escalada de violencia desatada por bandas criminales extranjeras en forma de secuestros, asaltos a mano armada, sicariato, extorsión, trata de personas, prostitución, narcotráfico, asesinatos a sangre fría, lo que ha llevado a realizar algunos cambios en la legislación para permitir la rápida expulsión de quienes están de manera ilegal en el Perú.
Precisamente el DL N°1582, va a permitir a las autoridades ejecutar en plazos cortos, la expulsión de ciudadanos que ingresen evadiendo los controles fronterizos o a quienes realicen actividades que amenacen el orden público interno, la seguridad nacional o ciudadana. Además, también serán sancionados económicamente los que alquilen viviendas, departamentos, casas de playa, hoteles u hostales a extranjeros ilegales, así como los que den empleo a indocumentados y las empresas de transporte y conductores que trasladen ilegales.
La aplicación de este decreto ya lo viene ejecutando de manera eficaz la PNP con intervenciones a los denominados ‘Bunker’ que alquilaban los mafiosos en zonas residenciales alejadas para cometer actos ilícitos, donde la policía ha incautado armamento, municiones, vehículos, dinero en efectivo, tarjetas bancarias y celulares.
Y, aunque hasta el momento no se ha producido ninguna expulsión, pues se ha dado un plazo de 15 días para el retorno voluntario de los migrantes hacia su país de origen, ya hay algunos ciudadanos que están con orden de expulsión y se está a la espera activar los protocolos.
“En la última semana ya han capturado a extranjeros ilegales, quienes son trasladados a Migraciones, sin embargo, están a la espera de que se operativice la expulsión de estos ciudadanos”, dijo en una entrevista a radio Exitosa el comandante General de la PNP Jorge Angulo.
Señaló que “hay todavía temas por regularizar, hay un tema operativo para el traslado a los países a los que pertenecen, previa resolución de expulsión” que ahora es celerísimo. “El problema es la cantidad de personas que van a ser expulsadas” vía aérea, previo acuerdo con el país de origen.
Para facilitar el éxodo de las familias que no lograron regularizar su permanencia en el país, la policía ha establecido un corredor seguro en la frontera norte, desde el Terminal de Aguas Verdes (lugar a donde llegan los buses) hasta el Puente Internacional de Zarumilla, (Tumbes) para proseguir su camino hacia Huaquillas (Ecuador) y luego a su país de destino (Colombia o Venezuela).
Según datos de la Oficina de Migraciones, hasta el mes de abril de este año se registró el ingreso de 1.600.000 extranjeros de los cuales más de un millón son venezolanos.
De esa cifra, menos de la tercera parte han logrado hacer su trámite hasta el pasado 10 de noviembre. Según el registro de la Superintendencia de Migraciones sólo 214.000 migrantes han aplicado al Permiso Temporal de Permanencia (PTP).
El Perú es el segundo país en la región con mayor migración de origen venezolano y el primer país en número de solicitantes de refugio de esa nacionalidad (Fundación Konrad- Adenauer- Stiftung, con sede en Lima).
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