El gobierno japonés presentó hoy ante el Tribunal del Distrito de Tokio una solicitud para revocar el estatus corporativo de la polémica Iglesia de la Unificación. Esta decisión se tomó tras una investigación de varios meses motivada por el asesinato el año pasado del ex Primer Ministro Shinzo Abe, debido a sus supuestos vínculos con el grupo.
En las próximas semanas, el tribunal realizará una audiencia cerrada para revisar el pedido del gobierno. Si decide disolver la iglesia como «corporación jurídica religiosa», el grupo perderá su estatus oficial y beneficios fiscales, pero continuará existiendo únicamente como una organización religiosa.
La Iglesia de la Unificación, oficialmente conocida como la Federación de Familias para la Paz Mundial y la Unificación, y sus polémicas tácticas de recaudación de fondos han sido objeto de escrutinio público en Japón.
Este foco se intensificó cuando el hijo de uno de sus miembros disparó con una escopeta artesanal contra Abe por sus supuestas conexiones con el grupo en julio de 2022. El gobierno ejerció su «derecho a cuestionar» las actividades de la iglesia bajo la Ley de Corporaciones Religiosas de Japón en noviembre, anunciando los resultados de su investigación ayer jueves.
El ministro de cultura, Masahito Moriyama, informó que la iglesia «ha causado a un gran número de personas daños patrimoniales considerables y sufrimiento emocional» durante las últimas décadas. Esto se debe a que los obligaban a donar dinero o comprar bienes de una manera que interfería con su juicio normal.
alrededor de 1.550 personas han sido víctimas de donaciones coercitivas a la Iglesia de la Unificación hasta ahora, con daños estimados en casi 137 millones de dólares
Tetsuya Yamagami, acusado del asesinato de Abe en enero, dijo a la policía que actuó así debido a un «rencor» contra la iglesia. La madre de Yamagami había donado cantidades exorbitantes de dinero a la iglesia, llevando a la bancarrota a su familia. Abe había enviado un mensaje de video en apoyo a un grupo afiliado a la iglesia a fines de 2021.
Según los hallazgos gubernamentales, alrededor de 1.550 personas han sido víctimas de donaciones coercitivas o «ventas espirituales» a la Iglesia de la Unificación hasta ahora, con daños estimados en casi 137 millones de dólares, afirmó Moriyama el 12 de octubre.
En una declaración emitida ayer, la iglesia refutó la solicitud del gobierno de revocar su estatus oficial, argumentando que la decisión estaba basada en «las afirmaciones de abogados de izquierdas empeñados en destruir nuestra organización». El grupo planea impugnar la solicitud en el tribunal.
El último grupo religioso en Japón que fue despojado de su estatus corporativo a solicitud del gobierno fue Aum Shinrikyo, en octubre de 1995, después de que asesinara a 13 personas en un ataque con gas en el metro de Tokio. Aum Shinrikyo fue declarado en quiebra dos meses después de que la Corte Suprema confirmara la decisión en enero de 1996. (RI/NI/IP/)
