Cuando contratan a nuevos profesores, solo el 37 % de las universidades nacionales en Japón les exigen que informen sobre si tienen antecedentes de castigo disciplinario por violencia sexual, según una encuesta realizada por el Ministerio de Educación.
De las 86 universidades nacionales encuestadas, además del 37 % mencionado, solo en cuatro algunos departamentos verifican los antecedentes en dicha materia de los docentes, detalla Mainichi Shimbun.
El 36 % universidades no indica claramente que los estudiantes pueden ser considerados como víctimas de violencia o acoso sexual, refiriéndose a casos en los que esto podría ocurrir como problemas “entre superiores y subordinados en el lugar de trabajo”.
Tras el anuncio de los preocupantes resultados, el Ministerio de Educación ha notificado a las universidades que revisen si los profesores que contratan han sido sancionados por violencia sexual.
El ministerio también ha ordenado a todas las universidades (nacionales, prefecturales, municipales y privadas) que establezcan claramente en sus normas internas que el acoso o la violencia sexual contra los estudiantes son pasibles de sanción.
En abril de 2022 entró en vigor una ley que exige que las juntas educativas y las escuelas de primaria, secundaria y preparatoria verifiquen una base de datos al contratar docentes para ver si sus permisos de enseñanza habían sido revocados por actos delictivos de naturaleza sexual en el pasado. (International Press)
