El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Jorge Chávez Tamariz, ha anulado la acusación fiscal que pedía 35 años de prisión para el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por presunto lavado de activos en el caso Westfield Capital relacionado con la constructora brasileña Odebrecht.
La decisión se basa en la tutela de derechos planteada por la defensa de PPK, lo que ha llevado a que se ordene una nueva pericia contable y financiera a cargo del Equipo Especial de Lava Jato.
El juez Chávez Tamariz declaró fundada la solicitud de la defensa de PPK, anulando todo lo actuado hasta el momento en el caso. Esto implica que la Fiscalía deberá completar la pericia contable y financiera, así como otras diligencias pendientes, retrotrayéndose hasta la etapa de investigación preliminar.
La Fiscalía ha presentado un recurso de apelación contra esta decisión, mientras que el Equipo Especial de Lava Jato ha expresado su descontento, argumentando que el juez se ha excedido al declarar fundada la tutela de derechos a favor de PPK.
Según el requerimiento acusatorio presentado por el fiscal José Domingo Pérez, se obtuvieron 144 elementos de convicción durante la indagación, que supuestamente prueban que Kuczynski lideró una organización criminal para obtener beneficios ilícitos a través de «asesorías» a Odebrecht.
Además, se mencionan 128 elementos de convicción contra el exsocio de Kuczynski, Gerardo Sepúlveda Quezada, 32 contra su exsecretaria Gloria Kisic Wagner y 121 contra su ex chofer, José Bernaola Ñufflo.
Según el fiscal Pérez, Kuczynski utilizó información privilegiada y ocupó cargos públicos en Perú para instruir a Gerardo Sepúlveda a suscribir contratos y documentos relacionados con asesorías financieras en nombre de Westfield Capital, una compañía de propiedad de Kuczynski que era administrada por Sepúlveda cuando éste asumía cargos públicos. (RI/International Press)
