En noviembre pasado, una brasileña nikkei de 41 años fue al municipio de Anjo, en la prefectura de Aichi, para solicitar asistencia pública.
Su esposo, extrabajador de una fábrica de autopartes, había perdido el empleo durante la pandemia.
Consiguió trabajo a tiempo parcial, pero lo perdió después de ser detenido por conducir sin licencia.
La mujer tiene dos hijos, el mayor es estudiante de primaria y el menor tiene un año. Sin fuentes de ingresos, dependía de la ayuda de personas allegadas que le regalaban comida.
La brasileña, en declaraciones a Mainichi Shimbun, cuenta entre lágrimas que les daba leche aguada a sus hijos. “Al final, era como agua corriente. Eso fue lo más doloroso”, dice.
Así las cosas, sin dinero y con pocos alimentos, fue a pedir ayuda pública y se la negaron. Le mintieron.
Un funcionario le aseguró que los extranjeros no son elegibles para recibir asistencia pública. “No podemos ayudarte en nada”, le dijo. Peor aún, añadió: “Debes volver a tu propio país”.
El incidente de su esposo (detenido por manejar sin licencia) también le jugó en contra. El funcionario le dijo que ella -que vive en Japón desde hace unos 10 años y tiene estatus de residente- podía perder la visa.
Por suerte, hubo gente que la ayudó en su solicitud y al final pudo recibir asistencia pública. Además, un funcionario municipal a cargo del área le ofreció disculpas.
A la mujer le preocupa que a otros extranjeros les mientan como a ella y crean que por no ser japoneses no son elegibles para la ayuda pública.
“Quiero que los extranjeros también sean vistos como seres humanos”, dice.
La Ley de Asistencia Pública establece que las personas que viven en la pobreza tienen derecho a la ayuda, y eso incluye a los extranjeros residentes. (International Press)
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