En septiembre de 2020, una mujer que dirigía un negocio de envío de trabajadoras sexuales presentó una demanda contra el gobierno de Japón.
La mujer sostenía que había sido discriminada por el gobierno central, que se niega a ayudar a los negocios de la industria del sexo como hace con las pequeñas empresas perjudicadas por el coronavirus, que pueden recibir un máximo de dos millones de yenes (14.700 dólares) por parte del Estado.
La discriminación, según la mujer, viola el derecho a la igualdad garantizado por la Constitución de Japón.
El jueves el Tribunal de Distrito de Tokio falló contra la demandante, revela Kyodo.
La mujer exigía una compensación de 4,46 millones de yenes (casi 33 mil dólares) por haber sido discriminada “sin motivos razonables”.
El tribunal, no obstante, determinó que la decisión del gobierno de no ayudar a los negocios del sexo “no constituye discriminación sin motivos razonables”.
Durante el juicio, el gobierno se defendió arguyendo que “la industria del sexo es intrínsecamente mala para la salud”.
La industria del sexo incluye también, por ejemplo, a los llamados “hoteles del amor”, destinados para actividades sexuales. (International Press)
