Los extranjeros en situación de ilegalidad que residen en Oarai, una ciudad con 16.000 habitantes en la prefectura de Ibaraki, pueden ir a vacunarse sin miedo a ser delatados.
Entre los extranjeros que se han inmunizado están alrededor de 230 indonesios. Para acceder a las vacunas, solo deben acreditar que viven en la ciudad con recibos de servicios públicos.
Hokota, una ciudad de 45.000 habitantes ubicada también en Ibaraki, ha elegido otro camino: acepta vacunar a extranjeros en situación ilegal, pero después de que estos han recibido las dos dosis alerta a las autoridades de inmigración.
Ambas ciudades reflejan la división que existe entre los gobiernos locales en Japón con respecto a los extranjeros que permanecen sin autorización en el país asiático, según Asahi Shimbun.
La ley obliga a los funcionarios nacionales y locales a avisar a las autoridades de inmigración sobre la presencia de extranjeros ilegales.
Sin embargo, ante la coyuntura excepcional originada por la pandemia de coronavirus, el gobierno nacional ha dejado en libertad a los gobiernos locales de decidir al respecto, poniendo por encima de la ley la seguridad de sus residentes.
Oarai apunta a vacunar a la mayor cantidad posible de personas, independientemente de su estado legal. Si los extranjeros en situación ilegal no tienen acceso a las vacunas, representan un riesgo de contagio para el resto de residentes, dicen sus autoridades.
Al no denunciarlos, la ciudad espera convencer a los extranjeros renuentes o temerosos por una posible delación a que acudan a los sitios de vacunación.
Por su parte, Hokota, la ciudad que sí denuncia a los extranjeros sin documentación, asegura que les informa de antemano de que alerta a las autoridades de inmigración después de la segunda dosis.
Se estima que en 2020 había alrededor de 83.000 extranjeros sin visa en Japón. (International Press)
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