Japón quiere imponer cárcel por acoso cibernético y una multa de 300.000 yenes

Los insultos y calumnias en Internet podrían conducir a una persona a la cárcel. Japón planea introducir esta sanción y señalar el acoso cibernético como delito para acabar con él.

La ministra de Justicia, Yoko Kamikawa, dijo hoy a la prensa que pedirá a su comité asesor que estudie una reforma al código penal para imponer una pena de prisión de hasta un año o una multa de 300.000 yenes (unos 2.725 dólares) por insultos en la red.

En la actualidad, la pena contra esta infracción contempla al menos 30 días de detención y una multa que no llega a 10.000 yenes. También se planea ampliar el plazo de prescripción por este tipo de casos de uno a tres años.

“Los insultos en línea provocan publicaciones similares una tras otra lo que puede conducir a violaciones irreversibles de los Derechos Humanos”, declaró Kamikawa citada por la agencia Kyodo.

“A medida que vemos un aumento de las críticas contra el abuso en línea debemos señalar este acto como un delito que debe tratarse seriamente y frenarlo”, añadió la ministra.

Los comentarios de odio en Japón tienen un caso icónico en la muerte de Hana Kimura (22), la luchadora profesional e integrante del reality show “Terrace House que se quitó la vida en mayo de 2020 a causa de las despiadas críticas en las redes sociales.

Dos hombres, uno de Osaka y otro de Fukui, fueron sancionados con una multa de 9.000 yenes cada uno (unos 81 dólares), una pena muy leve frente a los casos de difamación.

En Japón, la pena por difamación, que es emitir una declaración falsa sobre una acción específica, tiene tres años de prisión o una multa de 500.000 yenes.

Tras la muerte de Kimura, se promulgó una ley que ayudará a las víctimas de ciberacoso identificar de manera más simple y rápida a los autores de las publicaciones. Entrará en vigencia en septiembre del próximo año.

En la actualidad, los denunciantes deben pasar por al menos dos procedimientos judiciales, uno contra el operador de la red social y otro contra el proveedor de servicios de Internet para obtener la información de sus acosadores. (AG)