Los fallidos planes del gobierno japonés para forzar a los restaurantes a no servir alcohol durante los estados de emergencia, como medida de prevención contra el coronavirus, revelan la improvisación de las autoridades de un país que carece de un marco legal adecuado para lidiar con las pandemias, según expertos consultados por Kyodo.
A diferencia de países de Europa o Sudamérica, que impusieron duras cuarentenas para frenar la propagación del virus, Japón ha dependido en gran medida de la cooperación voluntaria de la población y los negocios para la implantación de medidas restrictivas.
Bajo el actual estado de emergencia, los restaurantes y bares en Tokio deben abstenerse de expender alcohol y cerrar a las 8 p. m.
Sin embargo, cada vez son menos los establecimientos que se pliegan a la petición del gobierno nacional.
El ministro a cargo de la respuesta al coronavirus, Yasutoshi Nishimura, intentó impulsar dos iniciativas que tuvo que abandonar ante las fuertes críticas que despertaron, incluso en el partido de gobierno.
Nishimura buscó que las instituciones financieras no otorgaran préstamos a los negocios que ignoraran la solicitud de vender alcohol.
Yasuyuki Iida, profesor asociado de la Universidad de Meiji y experto en política económica, dice a Kyodo que si los bancos rechazaban los préstamos, esto podría considerarse como un abuso de una posición de negociación dominante y, por lo tanto, violar la ley antimonopolio. Además, podría representar una amenaza a la libertad de actividades comerciales.
Nishimura también persiguió que los mayoristas de bebidas dejaran de suministrar alcohol a los restaurantes durante la emergencia.
Iida opina que el gobierno creyó que mientras más estrictas fueran las medidas contra los restaurantes y bares para mitigar la transmisión del virus, mejor recibidas serían por la población y los medios.
Es probable, afirma el experto, que el gobierno probablemente priorizó la imagen en desmedro de la eficacia; es decir, más que la utilidad de una medida, buscó aparentar firmeza.
Las iniciativas de Nishimura contra los establecimientos de comida y bebida lograron el efecto contrario: que más negocios decidieran no cooperar con el gobierno. En el distrito de Shibuya, el dueño de un bar de vinos dice que la postura del ministro los enfadó. “Demostró que no pueden entender cómo nos sentimos».
El empresario vende alcohol pese a la petición gubernamental en contra y sabe de otras personas en el rubro que tras los fallidos planes impulsados por Nishimura hacen lo mismo.
El dueño del bar de vinos explica que puede obtener una compensación gubernamental, pero que esta solo cubriría el 40 % de sus ventas, “que es muy poco para cubrir costos fijos como el alquiler».
«Sé que los restaurantes y bares deberían cooperar (con el gobierno), pero la compensación es totalmente injusta», remarca.
En medio de tantas idas y vueltas, de implantación y levantamientos de estados de emergencia (Tokio está en el cuarto), cada vez más bares y restaurantes desoyen las solicitudes del gobierno.
Mitsuru Fukuda, profesor de la Universidad de Nihon, sostiene que las medidas que dependen de la cooperación de la gente y las empresas funcionan cuando “el gobierno se ha ganado la confianza del público, pero la emergencia se ha repetido hasta cuatro veces”.
Hay un límite para la eficacia de una disposición extrema como el estado de emergencia, según el experto, quien también resalta la ausencia de un marco legal idóneo para enfrentar situaciones como la pandemia de coronavirus. (International Press)
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