El gobierno japonés decidió retirar un proyecto de ley que hacía más duras las reglas para los extranjeros que enfrentan la orden deportación, anunciaron ayer legisladores del Partido Liberal Democrático y sus aliados. Esto en medio de críticas por la muerte de una inmigrante de Sri Lanka que perdió la vida por presunta mala atención médica mientras estaba detenida en un centro de Inmigración.
Los partidos de oposición, que intentaban bloquear el avance del proyecto de ley que iba a aprobarse en esta legislatura, exigieron al gobierno esclarecer la muerte de Ratnayake Liyanage Wishma Sandamali, de 33 años, quien estuvo detenida en la Oficina Regional de Inmigración de Nagoya y murió el 6 de marzo después de quejarse de dolor de estómago y otros síntomas desde mediados de enero, informó la agencia Kyodo.
El punto crítico en el parlamento japonés ocurrió cuando el Ministerio de Justicia, aduciendo razones de seguridad, rechazó una solicitud de la oposición para mostrar imágenes de vídeo de Wishma para comprobar cómo se deterioró su salud. Este provocó una amenaza de moción de censura contra la ministra de Justicia, Yoko Kamikawa, por ocultar las imágenes de Wishma.
Tras la decisión de retirar el proyecto de ley, la oposición desistió de censurar a Hiroyuki Yoshiie, presidente del Comité de Asuntos Judiciales de la Cámara de Diputados, que había emitido un dictamen a favor del proyecto. El pulso con la ministra Kamikawa se mantiene.
IBAN A PERMITIR DEPORTACIONES AUTOMÁTICAS
Aunque el proyecto de ley tenía algunos elementos buscados por los defensores de los refugiados, estaban particularmente preocupados por una enmienda propuesta a la Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados de 1951 de Japón que habría permitido también la deportación automática. Con ello, las fuerzas del orden iban a poder repatriar a los solicitantes de asilo cuyos trámites están en proceso de apelación.
Deportar a los extranjeros sin permiso de residencia que han estado detenidos en Japón durante más de tres años también se habría vuelto más fácil con la revisión propuesta.
Sin embargo, el gobierno japonés buscará un nuevo momento para presentar su proyecto. Por ahora, los bajos índices de aprobación a causa del mal manejo de la crisis del coronavirus, afectan al primer ministro Yoshihide Suga y el partido gobernante PLD.
El diario Nikkei dijo que el gobierno ha decidido congelar proyectos de ley impopulares que podría tener un impacto negativo importante en las próximas elecciones a la Asamblea Metropolitana de Tokio en julio y las elecciones a la cámara de diputados en octubre.
Japón va a la zaga entre las economías avanzadas en el reasentamiento de refugiados, aceptando solo 51 solicitudes en 2020 para un total de 216 en cinco años. Cada año, sin embargo, Japón se ubica entre los principales donantes de la agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, contribuyendo con 126 millones de dólares el año pasado.
Entre tanto, el gobierno japonés reconoció ayer que desde 2007, unos 17 extranjeros han fallecido en los centros de custodia de la Oficina de Inmigración mientras esperaban la aprobación de sus solicitudes de visa. (Agencias)
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