En marzo de 2017, el estadounidense de origen japonés, Taro O’Sullivan, se unió a la filial japonesa de Amnistía Internacional (la organización de derechos humanos) como director ejecutivo, el primer ciudadano extranjero en formar parte de su junta directiva.
Pocos meses después, en septiembre del mismo año, le diagnosticaron depresión y dejó de trabajar. A fines de dicho mes, Amnistía Internacional Japón rescindió su contrato.
O’Sullivan, de 62 años, alega que el despido fue injusto y ha demandado ante el Tribunal de Distrito de Tokio a Amnistía Internacional Japón, informó Kyodo.
Asimismo, solicita que lo repongan en el cargo.
El nikkei estadounidense exige una compensación de 5 millones de yenes (alrededor de 47 mil dólares).
Los problemas para O’Sullivan comenzaron cuando fue obligado a redactar informes en idioma japonés.
O’Sullivan, de madre japonesa, sostiene que la organización de derechos humanos lo contrató sabiendo que puede hablar en japonés, pero que apenas puede leerlo o escribirlo.
Después de ser admitido en AI, se añadió el requisito de que los informes y presentaciones tienen que hacerse en idioma japonés.
Al principio, Kaori Shoji, entonces presidenta de la organización, traducía los correos electrónicos entre O’Sullivan y la junta directiva, pero más tarde se vio obligado a comunicarse por escrito en japonés él mismo.
Las dificultades comunicativas deterioraron la salud mental del estadounidense.
Amnistía Internacional Japón considera que actuó con justicia. (International Press)
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