Raquel García, una mujer filipina de 45 años, fue despedida en noviembre pasado de la fábrica de Sharp en la prefectura de Mie donde trabajó durante nueve años.
Con ella echaron a otros 100 empleados, en su mayoría filipinos.
«¿Por qué (los extranjeros) somos los primeros en ser despedidos cuando las empresas están en apuros?», se pregunta la mujer en declaraciones a Mainichi Shimbun.
La subcontratista a la que pertenecía le comunicó que la situación era mala y que no había perspectivas de recuperación en el corto plazo.
La mujer, que llegó a Japón en 2003, vive ahora de las prestaciones por desempleo (50-80 % de su salario promedio de los últimos seis meses), ha reducido la cantidad de dinero que envía a sus dos hijas en Filipinas y depende de un banco de alimentos.
Sus posibilidades de encontrar trabajo son menores debido a sus no tan amplios conocimientos del idioma japonés. Un sindicato de trabajadores del que es integrante imparte clases de japonés para extranjeros.
El jefe del sindicato, Hojo Hirooka, afirma que si bien el gobierno de Japón “dice que busca la coexistencia de japoneses y extranjeros, solo proporciona un apoyo limitado a estos últimos. No ha tomado medidas».
Un filipino que ha trabajado durante 14 años como empleado regular en Japón también se queja del trato desigual a los extranjeros y dice que antes tenía miedo de ser despedido si ventilaba el tema de la discriminación laboral.
Haruhisa Yamaneki, un alto funcionario de Rengo, la mayor organización sindical de Japón, pide apoyo urgente para los trabajadores extranjeros.
Japón registró una cifra record de trabajadores extranjeros en 2020, 1.724.328, un 4 % más que en 2019. El aumento, sin embargo, fue inferior al 13,6 % reportado el año previo. (International Press)
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