Carlos Ghosn, expresidente de Nissan, fue arrestado en Tokio en 2018 por irregularidades financieras al frente de la compañía japonesa. En abril del año siguiente fue liberado bajo fianza y a fines de 2019 huyó al Líbano, país con el que Japón no tiene tratado de extradición.
Un panel de la ONU calificó el arresto de Ghosn en 2018 como arbitrario.
El gobierno de Japón presentó una protesta contra el informe del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU acerca del caso Ghosn, informó Kyodo.
Los miembros del panel criticaron el proceder de los fiscales de Tokio y avalaron la queja del expresidente de Nissan, que denunció que las condiciones de su prolongado encierro fueron severas.
Asimismo, el grupo señaló que Ghosn debe recibir una compensación por los daños sufridos.
Por último, solicitó al gobierno de Japón que ponga en marcha una investigación independiente sobre el caso.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón subrayó que el informe, que no es legalmente vinculante, carece de una comprensión correcta del sistema legal japonés y malinterpreta algunos aspectos de la situacion.
Las autoridades gubernamentales niponas señalaron que todos los procedimientos penales con respecto a los derechos de Ghosn se cumplieron de manera adecuada.
La fuga de Ghosn mientras esperaba el inicio de su juicio, remarcaron los japoneses, fue un acto imperdonable bajo cualquier sistema legal del mundo. (International Press)
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