Actualmente, un hogar o negocio con un televisor en Japón no está obligado de manera explícita, por ley, a pagar una tarifa de recepción a la cadena pública NHK.
La obligatoriedad solo figura en el contrato con la NHK.
El Ministerio de Comunicaciones de Japón, sin embargo, ha presentado una propuesta para que la obligación de pagar la tarifa sea establecida por ley.
De esta manera, la recaudación de las tarifas tendría fuerza legal. Además, se fijarían sanciones para quienes eludan el pago.
En un editorial, Mainichi Shimbun advierte de que esta medida “cambiaría la relación entre el público y NHK de una manera profunda, de ‘consentimiento’ a ‘coerción’. El gobierno debe tener cuidado al hacer ese movimiento”.
El diario también lanza una advertencia acerca de la intención de la NHK de que sea obligatorio que las personas informen si tienen o no un televisor, y de acceder a los datos personales -en poder de los organismos de servicios públicos- de la gente que no tiene contratos con la cadena pública (alrededor del 20 % de hogares en Japón a fines de 2019) y sus mudanzas de domicilio.
Que la gente tenga que informar sobre la posesión de televisores supondría una carga y la búsqueda de información personal podría representar una violación de la privacidad, según Mainichi.
La idea de hacer obligatorios los pagos no es nueva. En 2007, el entonces ministro de Comunicaciones y hoy primer ministro, Yoshihide Suga, se mostró a favor de la medida, pero en paralelo con una reducción de alrededor del 20 % en las tarifas.
Mainichi considera que antes de que el pago de las tarifas sea establecida por ley, la cadena pública nipona debe ganarse la confianza del público, de lo contrario no se granjeará la comprensión de los ciudadanos con respecto a su intención de obligarlos a que paguen.
Las visitas de personal de la NHK a los hogares en Japón para cobrar las tarifas le cuestan alrededor de 30 mil millones de yenes (287 millones de dólares) al año. (International Press)
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