Como en gran parte del mundo, Japón ofrece apoyo económico a las compañías obligadas a paralizar sus operaciones para contener la expansión del coronavirus.
Las pequeñas empresas, cuyos ingresos han caído por el virus, reciben una única suma de 2 millones de yenes (alrededor de 19 mil dólares).
La ayuda, sin embargo, no beneficia a la industria del sexo.
Por ello, una mujer que dirige un negocio de trabajadoras sexuales ha demandado al estado japonés ante el Tribunal de Distrito de Tokio, informa Kyodo.
La demandante sostiene que la exclusión constituye una discriminación que colisiona con la Constitución de Japón, que en su artículo 14 prohíbe la discriminación en las relaciones políticas, económicas o sociales por “motivos de raza, credo, sexo, condición social u origen familiar».
La mujer exige no solo la ayuda económica suministrada por el gobierno, sino también una compensación por la discriminación.
La mujer acató las solicitudes de cierre realizadas por el gobierno de Japón y suspendió sus operaciones entre mediados de abril y finales de mayo.
En abril y mayo sus ingresos cayeron un 80 % y un 70 %, respectivamente, con referencia al año anterior.
La demandante presenta declaraciones de impuestos sobre la renta y opera de acuerdo con las leyes que regulan la industria sexual en Japón.
En junio, pequeños empresarios de la industria sexual, entre ellos la mujer, se reunieron con un funcionario de la Agencia de la Pequeña y Mediana Empresa para ser incluidos en el programa de ayuda del gobierno.
El funcionario rechazó su petición argumentado que seguían la línea tradicional del Estado japonés de no brindar ayuda a la industria sexual.
La exclusión también afecta a otros negocios de la industria del sexo, como los hoteles del amor o los alojamientos para actividades sexuales.
Hasta el año pasado, la Agencia Nacional de Policía del país asiático tenía registradas 31.956 compañías dedicadas al sexo. (International Press)
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