En el año fiscal 2014, el municipio de Miyakojima, en la prefectura de Okinawa, firmó un contrato con una compañía local para la eliminación de desechos, trabajo por el cual recibiría 22,51 millones de yenes (211 mil dólares).
Seis residentes se opusieron al proyecto alegando que el volumen de los residuos a eliminar establecido en el contrato era mayor al real, motivo por el cual los costos estaban inflados.
En 2016, el grupo de ciudadanos presentó una demanda para exigir que los funcionarios municipales, entre ellos el alcalde Toshihiko Shimoji, devolvieran el dinero a la ciudad.
El Tribunal del Distrito de Naha rechazó la demanda, que pasó por varias instancias hasta llegar al Tribunal Supremo de Japón, que desestimó el caso.
¿Tema cerrado? No.
El municipio de Miyakojima planea demandar a los seis ciudadanos y buscar una compensación de 11 millones de yenes (103 mil dólares) por daños a su imagen, informa Asahi Shimbun.
Las autoridades de la ciudad sostienen que los residentes “difamaron el honor” del municipio al reclamar “hechos falsos».
El municipio de Miyakojima es una corporación pública que tiene “honor social”, según las autoridades.
Ahora bien, para que el gobierno local presente la demanda debe contar con la aprobación de la asamblea de la ciudad. La propuesta se votará el 25 de septiembre.
Cuando un reportero le preguntó al alcalde si la demanda no tendrá un impacto negativo en la libertad de expresión y la labor ciudadana de vigilar a sus autoridades, Shimoji, aparentemente sorprendido, respondió: «¿Hay esa preocupación? ¿Por qué hay esa preocupación?”.
Uno de los ciudadanos que el gobierno quiere demandar, un hombre de 80 años llamado Yoshio Nakamatsu, calificó como temeraria la intención del municipio de frenar las opiniones y críticas de la ciudadanía, y dijo que «destruirá la base de la democracia que permite a las personas expresar libremente sus opiniones». (International Press)
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