El mes pasado, el expresidente de Nissan, Carlos Ghosn, fue liberado bajo fianza por segunda vez por el Tribunal de Distrito de Tokio. El órgano de justicia, sin embargo, le impuso restricciones más severas que la primera vez.
Una de ellas es la prohibición de cualquier contacto directo con su esposa. Los abogados de Ghosn consideran que la medida constituiría “un abuso para agotarlo psicológicamente y debilitarlo”, y que su cliente es un “rehén” del sistema judicial de Japón.
La defensa legal del ejecutivo francobrasileño afirma que las restricciones violan su derecho a un juicio justo y equivalen a un arresto domiciliario, informó AFP.
Los abogados de Ghosn sostienen que su cliente es víctima de una “persecución judicial” en Japón y que la familia ha solicitado apoyo a Naciones Unidas, en concreto al grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la Oficina del Comisionado para los Derechos Humanos.
La defensa legal busca que la ONU declare que la actuación del sistema de justicia nipón es «arbitraria» con respecto al expresidente de Nissan e inste a Japón a que lo “libere sin demora”.
Aun en el caso de que el mencionado grupo no pueda obligar a Japón a rectificarse, el equipo de defensa de Ghosn cree que recurrir a la ONU podría tener efecto en el país asiático pues el tema «sigue siendo una cuestión de imagen para los japoneses». (International Press)
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