Tiene 22 años y llegó a Japón procedente de su natal Vietnam para trabajar en una fábrica de papel como parte del programa de capacitación técnica que patrocina el gobierno japonés.
Previo al programa, siguió un curso de adiestramiento de un mes. Poco después de terminarlo, se enteró de que estaba encinta, revela Asahi Shimbun.
Cuando comunicó su embarazo, un supervisor del centro de adiestramiento le dio un ultimátum: “O abortas o te mando de regreso a Vietnam. Tú eliges”.
La joven vietnamita quiere tener a su bebé, pero también necesita trabajar para pagar una deuda familiar. Además, su mamá está enferma.
La aprendiz no abortó, pero tampoco regresó a Vietnam. Huyó de su trabajo y encontró techo y apoyo en un refugio que maneja una organización de derechos humanos en Tokio.
La chica creció en una zona pobre del norte de Vietnam. Decidió trabajar en Japón porque la enfermedad de su madre obligó a la familia a contraer una gran deuda para cubrir los gastos médicos.
Para financiar su viaje a Japón, su abuela pidió un préstamo de un millón de yenes (alrededor de 8.800 dólares).
La aprendiz quedó embarazada de un vietnamita con quien tuvo una relación antes de venir a Japón. El hombre no ha reconocido su paternidad.
Cuando rechazó el ultimátum y escapó, la joven buscó la ayuda de Maria Lan, una religiosa vietnamita que pertenece a una iglesia católica en la ciudad de Kawaguchi, prefectura de Saitama.
También recibió la ayuda del sindicato de trabajadores de Zentouitsu, con sede en Tokio.
La ley ampara a la vietnamita.
En 2016, el gobierno de Japón subrayó que es «ilegal e inaceptable que las organizaciones de supervisión y los empleadores obliguen a las aprendices a regresar a sus países de origen contra su voluntad por motivos de embarazo, parto o matrimonio».
Además, la ley de igualdad de oportunidades prohíbe el despido de trabajadoras por motivos de embarazo o parto.
En 2013, una aprendiz china que trabajaba en la prefectura de Toyama demandó a su empleador alegando que sufrió un aborto involuntario después de que la compañía intentó obligarla a viajar a China por su embarazo. La justicia le dio la razón.
“QUIERO MATARME”
El caso de la chica no es infrecuente. La religiosa Maria Lan recibe de manera constante correos electrónicos y llamadas telefónicas en busca de ayuda para mujeres vietnamitas que enfrentan situaciones similares.
Uno de esos mensajes provino de una aprendiz embarazada de 32 años, que huyó después de que su empleador la presionó para que se fuera de Japón. “Quiero matarme”, le dijo a Lan.
En un centro de adiestramiento, previo a la pasantía, ubicado en el oeste de Japón, obligan a los aprendices a firmar un documento que les prohíbe entablar relaciones de pareja.
Si una aprendiz embarazada quiere tener el bebé, es obligada a regresar a su país de origen y pagar una multa. La otra opción es el aborto.
Un antiguo empleado del centro de adiestramiento explica a Asahi: “Las empresas quieren que los aprendices trabajen de manera eficiente. Si una trabajadora queda embarazada, su productividad disminuye. Nunca he oído hablar de una empresa que permita a las aprendices tomar un permiso de maternidad».
El abogado Syoichi Ibusuki, experto en asuntos referidos a los trabajadores extranjeros, dijo que prohibir a las aprendices entablar relaciones sentimentales y quedar embarazadas «es una clara violación de los derechos humanos y una práctica inaceptable».
Con respecto a los extranjeros que trabajarán en Japón bajo el paraguas de la categoría 1 del nuevo programa de visado, y que no podrán llevar a sus parientes a Japón, Ibusuki afirmó que eso se debe a que son vistos “nada más que como objetos». (International Press)
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