De los aproximadamente 6.900 empleados de organizaciones gubernamentales en Japón que oficialmente están reconocidos como personas con discapacidad, casi la mitad, 3.460, no lo son de acuerdo con los estándares de Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar.
En la irregular práctica están involucrados 27 entes gubernamentales, según una investigación realizada por el Ministerio de Trabajo, informó Mainichi Shimbun.
El escándalo estalló tras hacerse público que diversas organizaciones gubernamentales llevaban décadas inflando el número de empleados discapacitados para alcanzar el objetivo de que al menos el 2,3 % de su personal sea discapacitado. En abril, la meta se elevó a 2,5 %.
La investigación revela que la tasa de empleados con discapacidad en los ministerios y organismos gubernamentales nacionales no asciende realmente a 2,49 %, sino a 1,19 %.
El ministro de Salud y Trabajo, Katsunobu Kato, se disculpó “profundamente” por las irregularidades. Kato dijo que como gobierno deben emplear a personas con discapacidad para dar el ejemplo a las empresas privadas.
La práctica estaba tan extendida que incluso incurrió en ella el Ministerio de Salud y Trabajo.
De los 33 entes gubernamentales evaluados, solo seis cumplen verdaderamente con el objetivo de que el 2,3 % de sus trabajadores sean personas discapacitadas, entre ellos la Agencia de Servicios Financieros y la Agencia Nacional de Policía.
Hay casos particularmente graves. La Agencia Nacional de Impuestos infló el número de funcionarios con discapacidad en más de 1.000. Esto significa que las personas con discapacidad no representan el 2,47 % del total de su fuerza laboral como falsamente decía, sino tan solo el 0,67 %.
Los ratios en los Ministerios de Justicia y Turismo cayeron de 2,44 % a 0,8 % y de 2,38 % a 0,7 %, respectivamente.
En muchas organizaciones se considera indebidamente a funcionarios con discapacidades leves como personas discapacitadas, pese a no calificar según los estándares del Ministerio de Salud y carecer, por ende, del certificado correspondiente.
La ley establece que al menos el 2,5 % de los empleados gubernamentales deben ser persona discapacitadas; en el caso del sector privado, el ratio es de 2,2 %.
Las empresas privadas que no cumplen con el objetivo reciben multas de 40.000 a 50.000 yenes (359 dólares / 449 dólares) por cada persona que falte para lograr el número establecido.
Las organizaciones gubernamentales no reciben ninguna sanción si no alcanzan la meta. (International Press)
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