Antonio Hermosín / EFE
Evacuados de Fukushima denunciaron hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la precariedad que aún padecen los desplazados por la catástrofe atómica de 2011 y acusaron al Gobierno japonés de vulnerar sus derechos básicos.
En representación del colectivo, Mitsuko Sonoda, una mujer que abandonó su domicilio cerca de la central con su hijo de 10 años por miedo a la radiación, expuso ante el órgano internacional en Ginebra su experiencia y la de otros muchos desplazados que, como ella, no han podido regresar a sus hogares más de seis años después.
«A raíz de la catástrofe perdimos un derecho tan básico como es el no estar expuestos a la radiación», explicó en una entrevista telefónica a Efe Sonoda, quien reclama al Gobierno «que acepte la responsabilidad moral y financiera» por el accidente y «proteja la salud de las víctimas» por encima de intereses económicos.
Los damnificados, respaldados por la ONG ecologista Greenpeace Japón, han llevado el caso hasta el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el marco de la evaluación de cada país que realiza periódicamente este organismo.
«Vivíamos en un entorno natural y una comunidad local maravillosos, pero el desastre nuclear destruyó nuestras vidas», relató Sonoda antes de su intervención.
«No confío en el Gobierno. Durante la catástrofe ocultaron mucha información y lo siguen haciendo ahora», dijo Sonoda, que reside actualmente en Reino Unido y prefiere no revelar la localidad de Fukushima donde vivía por temor a que su familia sea estigmatizada -un problema que sufren muchos evacuados- en caso de regresar a Japón.
Tras el accidente nuclear desencadenado por el terremoto y el tsunami del 11 de marzo de 2011, las autoridades niponas establecieron zonas de evacuación obligatoria y áreas de acceso restringido en torno a la central de Fukushima Daiichi, en función de los niveles de radiactividad detectados.
Desde entonces, las autoridades han reabierto progresivamente estas zonas tras completar tareas de limpieza y descontaminación radiactiva, aunque muy pocos de los desplazados han querido regresar a sus antiguos hogares por el miedo a que persista la radiactividad.
Además, el pasado marzo, cuando se cumplieron seis años de la catástrofe, el Gobierno puso fin a los programas de ayudas a la vivienda para los evacuados, lo que en la práctica supuso que muchos se vieron forzados a retornar contra su voluntad a zonas previamente declaradas inhabitables.
Greenpeace y otras ONG japonesas afirman que muchas de las áreas declaradas «seguras» tienen niveles de radiactividad hasta veinte veces superiores a los oficiales, y señalan que incluso las dosis de radiación calificadas como «bajas» pueden ser perjudiciales a largo plazo para las personas más vulnerables, sobre todo los niños.
«Me preocupa mucho la salud de mis hijos, por eso sigo viviendo lejos de Fukushima», explicó Sonoda, quien agregó que entre el colectivo de personas desplazadas hay numerosos casos de divorcios, depresión, problemas económicos, acoso escolar o suicidios.
«Las víctimas de Fukushima hemos sido abandonadas, es como si no existiéramos. Se nos trata como si fuéramos responsables de nuestras dificultades», se lamentó Sonoda.
Los damnificados y las ONG afirman que el Gobierno japonés ha vulnerado numerosos derechos básicos e internacionalmente reconocidos, entre ellos el derecho a la vivienda, a estándares mínimos de salud o los de los desplazados internos.
Este colectivo confía en que el testimonio de Sonoda y los informes presentados por las ONG lleven al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a investigar la situación e incluso a llamar la atención a Japón en el informe que se presentará en 2018.
De forma paralela, la justicia nipona ha responsabilizado del accidente nuclear al Ejecutivo y a la operadora de la central, Tepco Electric Power (TEPCO), y les ha condenado a indemnizar a los damnificados, en dos de las primeras sentencias judiciales sobre demandas colectivas conocidas en los últimos meses.
Unos 12.000 evacuados han presentado una treintena de denuncias colectivas ante distintas instancias del país asiático, y las indemnizaciones que reclaman podrían elevar aún más la ya multimillonaria factura del peor accidente nuclear desde el acaecido en Chernóbil (Ucrania) en 1986.
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