Los extranjeros que residen en Japón alcanzaron la cifra récord de 2,38 millones a finales del año pasado. Ellos representan a 196 países y regiones. Japón está migrando a una sociedad racial y culturalmente diversa, destaca Asahi Shimbun.
Así las cosas, se pregunta si la Constitución de Japón protege los derechos de los extranjeros. La respuesta es sí. El artículo 14 establece que todas las personas son iguales ante la ley y prohíbe la discriminación por motivos de raza, credo, sexo, condición social u origen familiar.
Además, Japón se ha adherido a tratados internacionales regidos por el principio universal de que la discriminación por raza u origen étnico debe ser rechazada.
En el papel, todo perfecto. En la realidad, la situación es muy distinta.
Para mostrar la brecha que existe entre la ley y los hechos, Asahi alude a una encuesta realizada por el Ministerio de Justicia de Japón a extranjeros residentes de 18 años o más.
Algunos resultados: el 39 % de los que habían buscado vivienda en los últimos cinco años dijeron que habían sido rechazados solo por ser extranjeros. El 27 % había renunciado a tratar de alquilar una vivienda después de ver un cartel que decía «No extranjeros».
En el trabajo las cosas distan de ser las ideales: el 25 % de los encuestados dijeron que sus solicitudes de empleo habían sido rechazadas, mientras que los salarios del 20 % de los extranjeros eran más bajos que los de sus colegas japoneses que hacían el mismo trabajo.
“Si a los residentes extranjeros en Japón se les niegan sus derechos legítimos por motivos de raza, etnia o nacionalidad, es imposible que los japoneses y los extranjeros convivan armoniosamente”, sostiene Asahi.
Volviendo al caso de las solicitudes de vivienda rechazadas, el diario japonés afirma que muchas veces esto parte de malentendidos o prejuicios tipo: «Los extranjeros tienen malos modales» o «Es una molestia tratar con los extranjeros porque no pueden comunicarse en japonés».
Ojo que si la solicitud de vivienda por parte de un extranjero es rechazada solo por no ser japonés, puede recurrir a la justicia, pues el veto es inconstitucional.
Sin embargo, la realidad indica que la mayoría de extranjeros “sufre (la discriminación) en silencio” y que muy pocos casos llegan a los tribunales.
Ahora bien, para combatir la discriminación, Asahi sugiere la distribución de folletos en idiomas extranjeros que expliquen las reglas y costumbres con respecto al alquiler de viviendas en Japón y el establecimiento de un servicio de asesoramiento público, no solo para extranjeros, sino también para japoneses.
Hay loables esfuerzos en todo Japón para promover la comunicación y las mejores relaciones entre los japoneses y los extranjeros (por ejemplo, clases de idioma japonés). Esfuerzos que, dice Asahi, deben recibir más apoyo por parte de las autoridades.
No hay que soslayar avances como la promulgación en 2016 de una ley contra los discursos de odio. Sin embargo, se necesitan más medidas para eliminar la discriminación.
Los residentes extranjeros constituyen una “presencia sólida” en la sociedad japonesa, resalta Asahi, que concluye que “la adopción de medidas eficaces para eliminar las barreras mentales y psicológicas detrás de la discriminación racial para que los residentes extranjeros sientan que también que son miembros de la sociedad japonesa es el camino para hacer realidad el principio constitucional de igualdad y garantizar la prosperidad y la estabilidad de Japón”. (International Press)
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