Una organización defensora de los derechos humanos denunció los largos procesos de detención y los abusos que sufren los inmigrantes irregulares en Japón, circunstancias que llevaron recientemente a un centenar de ellos a participar en una huelga de hambre.
La política de «mano dura» que aplican las autoridades niponas provoca «graves vulneraciones de los derechos humanos» de las miles de personas que se encuentran en el país en situación irregular, dijo el director de la Asociación para la Liberación Provisional, Mitsuru Miyasako, en una rueda de prensa en Tokio.
Esta y otras ONG han llamado la atención sobre la precaria situación de los extranjeros sin permiso de residencia en Japón -un país donde menos de un 2 por ciento de la población es foránea-, a raíz de que se produjeran varias muertes de inmigrantes en centros de detención.
Japón cuenta con una restrictiva política migratoria tanto en materia de entrada como para renovar los permisos de residencia, lo que deriva en que muchas personas «quedan atrapadas en un limbo legal» en el cual son recluidos en centros de detención durante años, liberados y detenidos nuevamente sin poder regresar a sus países, explicó Miyasako.
Actualmente hay unos 3.600 inmigrantes en Japón en esta situación cuyos visados expiraron, que entraron de forma irregular en el país o a la espera de ser repatriados tras haber cometido algún delito en territorio nipón, según datos de la citada asociación.
Muchas de estas personas han residido en el país asiático durante una o dos décadas y cuentan con familia y descendencia en Japón, lo que dificulta su regreso a sus países de origen, subrayó Miyasako.
Los inmigrantes detenidos por no tener la documentación en regla son recluidos de media entre 2 y 3 años, antes de ser liberados provisionalmente y detenidos de nuevo, si no abandonan el país por sus propios medios, en centros «donde se les priva de derechos fundamentales», especialmente en lo que respecta a la atención médica, afirmó este jurista.
Este «ciclo interminable de detenciones y abusos» llevó a una veintena de inmigrantes a iniciar una huelga de hambre el pasado día 9 en la Oficina Regional de Inmigración de Tokio, en la que participaron 22 personas de doce nacionalidades, la mayoría de ellos asiáticos.
La huelga de hambre se expandió dentro del mismo centro y también hacia las otras instalaciones de detención de inmigrantes en el país, ubicadas en Ibaraki (este), y llegó a contar con un centenar de participantes antes de concluir el pasado día 25.
Los inmigrantes abandonaron la protesta después de que muchos de ellos sufrieran «un deterioro severo de sus facultades físicas y psíquicas» y sin que sus reivindicaciones llegaran a ser atendidas por las autoridades niponas, detalló Miyasako.
La protesta fue originada por la muerte en marzo de un inmigrante vietnamita en el centro de Ibaraki, quien falleció de un infarto cerebral en su celda una semana después de haber reclamado atención médica por unos fuertes dolores en la cabeza, petición que fue ignorada por los guardas.
Desde 2013 se han producido otras cuatro muertes en centros de detención de inmigrantes a quienes se les había denegado la atención médica, según Miyasako.
El ministerio nipón de Justicia, por su parte, ha negado en varias ocasiones que se produzcan vulneraciones de los derechos humanos en los centros de detención y ha recalcado que éstos «se administran bajo las leyes niponas». (EFE)
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