En 2010, tres profesores jubilados -Watanabe, Nagai y Kobayashi- solicitaron ser contratados nuevamente como docentes a medio tiempo.
Sus solicitudes fueron rechazadas por una falta administrativa que cometieron en el pasado: no ponerse de pie y cantar el «Kimigayo», el himno nacional de Japón, durante los eventos escolares.
Watanabe, Nagai y Kobayashi acudieron a la justica alegando que es inadmisible que les impidan trabajar a tiempo parcial por dicha falta y que el veto era inconstitucional e ilegal.
El Tribunal Superior de Tokio acaba de rechazar su apelación, ratificando la decisión del Tribunal de Distrito de Tokio, que emitió un fallo similar en abril de 2016, informó Japan Times.
En 2003, el Gobierno Metropolitano de Tokio notificó que se sancionaría a los profesores que se negaran a cantar el himno nacional durante las ceremonias escolares.
Para el Tribunal Superior de Tokio la disposición es razonable.
Sin embargo, Watanabe calificó el fallo como “muy injusto” y una “reacción desproporcionada” ante el simple hecho de no pararse y cantar el himno nipón.
Por su parte, Nagai dijo que se negó a cantar el himno por ser católica. Asimismo, anunció que apelarán ante el Tribunal Supremo de Japón.
El abogado Yosuke Minaguchi reveló la existencia de casos de profesores sancionados por actos de violencia contra sus alumnos o por acosar a otros maestros que fueron admitidos nuevamente.
Minaguchi subrayó el contraste entre hechos graves como los mencionados (violencia y acoso) y actos inocuos como el de no ponerse de pie y cantar el himno.
No es este el primer caso de su tipo llevado a la justicia. Otros profesores han alegado en tribunales que forzarlos a cantar el himno y castigarlos por no hacerlo viola sus derechos constitucionales.
No siempre la justicia ha fallado contra ellos. En mayo de 2016, un tribunal ordenó al Gobierno Metropolitano de Tokio pagar un total de 537 millones de yenes (4,82 millones de dólares) a 22 exprofesores que fueron castigados por negarse a cantar el himno nacional.
Aunque en 2012 el Tribunal Supremo dictaminó que penalizar a los maestros por no ponerse de pie y cantar el «Kimigayo» era constitucional, advirtió a las escuelas de que no se excedieran en las sanciones y tuvieran cuidado en no ir más allá de una amonestación. (International Press)
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