«Mi familia ama Japón», escribió Gursewak Singh en 2010 a la entonces ministra de Justicia, Keiko Chiba. Tenía 10 años. «De verdad no queremos regresar a India. Por favor, dénos visas”, rogó.
«Estamos teniendo problemas para arreglárnoslas porque mi papá no está aquí. Por favor, le ruego que libere a mi papá pronto». El papá de Gursewak había sido detenido después de que su tercera solicitud de asilo fuera rechazada.
Casi siete años después, la situación no ha mejorado para Gursewak, sus padres y sus dos hermanos menores. Sus papás indios migraron a Japón a principios de la década de 1990. Gursewak y sus hermanos nacieron y se criaron en Japón. No conocen la tierra de sus padres.
El adolescente continúa escribiendo cartas (en idioma japonés) a las autoridades japonesas, y sigue sin obtener respuesta. Ha escrito más de 50, revela en una entrevista a Japan Times. En todas pide lo mismo: que Japón reconozca a los Singh como residentes.
En su última carta, fechada en agosto, escribió: «Inmigración nos dice que debemos regresar a India. ¿Por qué tenemos que regresar al país de nuestros padres, aunque nosotros nacimos y crecimos en Japón?».
Los padres de Gursewak huyeron de India por motivos religiosos. El padre era un líder sij perseguido. Vivieron en Japón sin visa hasta que fueron detectados y desde 2001 viven bajo un régimen de libertad provisional. Sus padres y sus hermanos deben acudir cada tres meses a la oficina de Inmigración en Tokio para reportarse, mientras que él, por tener más de 16 años, debe hacerlo cada dos meses.
«Me gustaría decirle (a Gursewak): ‘Lo siento’. Japón no ha sido capaz de establecer un sistema que pueda responder adecuadamente a personas como tú, y eso te ha hecho sufrir mucho».
Los Singh pueden permanecer en Japón mientras su solicitud de asilo esté bajo revisión, pero sufren varias restricciones: no pueden trabajar, no tienen seguro de salud y necesitan permiso para viajar fuera de la prefectura donde viven (Chiba). Además, pueden ser inspeccionados sin anuncio previo en su casa y ser detenidos en cualquier momento.
Se estima que unas 4.700 personas viven bajo ese régimen en Japón.
¿De qué viven los Singh? De donaciones de la comunidad sij.
Gursewak, que en sus 17 años de vida jamás ha viajado fuera de Japón, se considera japonés. «Desde que nací sólo he interactuado con gente japonesa. No entiendo por qué Japón no me acepta», dice a Japan Times.
¿Qué dicen las autoridades japonesas? Para ellos las cosas son simples: «Están bajo órdenes de deportación, por lo tanto son ilegales. No tienen derecho legal a quedarse en Japón», subraya un funcionario del Ministerio de Justicia.
Hay una salida legal para que Gursewak y sus hermanos puedan quedarse en Japón: que sus padres retornen a India, los menores tengan en Japón tutores que velen por ellos y sus gastos de vida puedan ser cubiertos. Una propuesta que los padres rechazaron cuando las autoridades de inmigracion la pusieron sobre la mesa en 2015. Nunca han pensado en separarse de sus menores hijos. “Absolutamente imposible”.
También fuen un shock para Gursewak. «¿Quién se ocuparía de nosotros? No podemos trabajar. ¿Qué harían los gemelos (sus hermanos)?”.
No todos son tan inflexibles como las autoridades de inmigración. Keiko Chiba, la persona que como ministra de Justicia recibió la primera carta del adolescente de origen indio declara a Japan Times: «Me gustaría decirle (a Gursewak): ‘Lo siento’. Japón no ha sido capaz de establecer un sistema que pueda responder adecuadamente a personas como tú, y eso te ha hecho sufrir mucho».
Chiba afirma no recordar la carta de Gursewak.
El adolescente solo ha conocido una vida de incertidumbre. «Estoy muy preocupado todo el tiempo. Tal vez yo pienso demasiado. Pero tengo que pensar”.
Gursewak, que en abril inicia su año final de koko, sueña con estudiar diseño web e ir a la universidad, pero los costes exceden las posibilidades de su familia. La matrícula anual promedio para universidades administradas por el gobierno en Japón asciende al equivalente a 5.000 dólares, más una cuota de ingreso única de 3.600 dólares. Los gastos mensuales de su familia son de 1.800 dólares. No hay que olvidar que sus padres no pueden trabajar y viven de donaciones.
En agosto, además de escribir su última carta a las autoridades niponas, Gursewak acudió con sus padres y otros extranjeros en su situación a la sede del Ministerio de Justicia de Japón para pedir que les den visa y permitan que estudien. ¿Los escucharán?
Para finalizar, algunos datos importantes: Japón revisó casi 14.000 solicitudes de asilo para fines del año pasado. Solo aceptó 27. En 2014, apenas 11. Cifras que empalidecen al lado de las más de 293.000 solicitudes de asilo que aprobó Europa en la primera mitad del año. (International Press)
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