Desde que entró en vigor jamás ha sido alterada
Japón celebra hoy el Día de su Constitución, que entró en vigor hace 69 años, en medio del creciente debate sobre la reforma de la Carta Magna que apoya el Gobierno liderado por Shinzo Abe con vistas a ampliar las competencias nacionales sobre Defensa.
El Ejecutivo japonés ya logró aprobar en 2014 una reinterpretación del artículo 9 de la Constitución, que impedía al país el uso de la fuerza para resolver conflictos internacionales, y el pasado septiembre sacó adelante un paquete legislativo con medidas para ejercer el llamado derecho a la «auto-defensa colectiva».
Se trata de la más importante y polémica reforma militar en el país asiático desde el fin de la II Guerra Mundial, que fue aprobada entre enérgicas protestas de la oposición y de parte de la ciudadanía por considerar que vulnera la Constitución pacifista.
La medida permitirá a las Fuerzas de Auto Defensa (Ejército) defender a aliados y prestarles apoyo logístico si son atacados o participar en operaciones de seguridad de la ONU.
Tras lograr sacar adelante esta reforma por la vía rápida y evitando el complejo trámite de modificar la Constitución, el conservador partido Liberal Demócrata (LPD) de Abe quiere ir más allá y enmendar la Carta Magna para ampliar en mayor medida las competencias nacionales en materia de Defensa.
En particular, el LPD aspira a retirar la cláusula que prohíbe a Japón contar con un ejército propio -en su lugar, dispone de las llamadas Fuerzas de Auto Defensa- y a incluir una mención al antes citado derecho de la «auto-defensa colectiva» para facilitar que el país pueda ayudar a sus aliados en conflictos internacionales.
Abe ha defendido estas reformas con el argumento de que la Carta Magna japonesa está desfasada, ya que el país afronta un panorama regional en el que China gana cada vez más peso militar y Corea del Norte sigue adelante con su programa nuclear y de misiles.
No obstante, la iniciativa sigue contando con un amplio rechazo por parte la ciudadanía y los partidos de la oposición, y es cuestionada por expertos japoneses en derecho constitucional.
Para avanzar en el camino hacia la reforma constitucional, el LPD y su socio de Gobierno, el budista Nuevo Komeito -más reacio a modificar el carácter pacifista Carta Magna-, aspiran a mantener su control de la Cámara Alta, donde cuentan actualmente con dos tercios de los escaños, en las elecciones que se celebrarán el próximo verano.
La normativa japonesa, que estipula que es necesario contar con el apoyo de dos tercios de los parlamentarios de las dos cámaras y una mayoría simple en referéndum para modificar cualquier parte de la Carta Magna, ha propiciado que el texto no haya sido alterado ni una sola vez desde que entró en vigor el 3 de mayo de 1947.
Un 50 por ciento de los japoneses prefiere mantener la Constitución en su estado actual, frente al 40 por ciento que se muestra favorable a las reformas impulsadas por Abe, según una encuesta publicada hoy por el diario Nikkei y la cadena TV Tokyo. (EFE)
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