EEUU tiene “dudas” sobre el actor
Paola Martínez Castro / EFE
Los actores Sean Penn y Kate del Castillo protagonizan el nuevo capítulo de la rocambolesca historia de Joaquín «el Chapo» Guzmán, al que entrevistaron en México en octubre cuando era el delincuente más buscado del mundo, lo que abrió un debate sobre las consecuencias legales de su acción.
En las primeras 24 horas desde que la revista Rolling Stone publicara un amplio texto redactado por Penn con los detalles de su encuentro con el capo en una zona selvática de México se ha especulado sobre la posibilidad de que la Fiscalía vaya tras ellos.
Una fuente del Gobierno federal descartó esa posibilidad, al considerar que se trata de un asunto «irrelevante para el proceso que se va a seguir» contra el líder del cártel de Sinaloa, si bien la entrevista contribuyó a que las fuerzas de seguridad dieran con su paradero.
«El Gobierno no lo va a hacer, lo va a dejar pasar de lado», dijo la fuente a Efe al asegurar que la entrevista con los actores quedará «en el rincón del olvido y pasará a la Historia como una anécdota más del Chapo».
El abogado Samuel González, experto en procedimientos trasnacionales, indicó que los dos actores «pueden ser llamados a declarar» como testigos, pero negó la posibilidad de que sean imputados por el delito de encubrimiento.
«Yo no alcanzo a ver ninguna conducta ilícita», dijo a Efe González, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien explicó que ambos acudieron al encuentro como periodistas y «escribiendo para una revista».
La legislación mexicana es «muy protectora de los periodistas», más que la estadounidense, y el Código de Procedimientos Penales Federales establece que un periodista no está obligado a revelar sus fuentes bajo ninguna circunstancia, afirmó.
Le ley le otorga absoluta inmunidad para no revelar sus fuentes y tampoco está obligado a denunciar, por lo que no puede ser imputado por encubrimiento, añadió González, quien aclaró que ello no quiere decir que no haya periodistas que estén involucrados con la delincuencia organizada.
Eso ocurre cuando cruzan la línea y realizan acciones directamente en favor de la organización, como llevar recados o amenazar a personas, pero en el caso de Sean Penn y Kate del Castillo, quien sirvió como traductora en el encuentro, no se ve conducta ilícita alguna, comentó.
El abogado indicó que como el Gobierno «está sensible» en torno a este tema, puede citarlos para que ambos declaren, algo que pueden hacer en EE.UU. ante el representante de la Fiscalía en el consulado de México.
Penn puede hacerlo en virtud del tratado de asistencia legal mutua que existe entre ambos países, explicó.
Sin embargo, «yo creo que no hay ningún interés de irse contra ellos; ya tienen al Chapo, que era lo importante», añadió el catedrático.
Interrogado por Efe vía telefónica sobre la posición del Gobierno con respecto a la entrevista, el coordinador de Comunicación de la Presidencia mexicana, Eduardo Sánchez, se limitó a decir: «no hay comentarios».
El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Denis McDonough, sí reaccionó a la entrevista al asegurar que ese acercamiento con el capo planteaba «muchas dudas muy interesantes» tanto para Penn como para otros implicados.
Sin embargo, no quiso adelantarse a los acontecimientos al ser preguntado si la Casa Blanca intervendría para dar acceso al actor en caso de que México quisiera interrogarlo.
Sobre las declaraciones de Guzmán, dijo que «esa fanfarronería sobre cuánta heroína manda a todo el mundo, incluido Estados Unidos, es exasperante».
En la entrevista, el capo presume de que suministra más heroína, metanfetaminas, cocaína y marihuana «que nadie más en el mundo» y que tiene «una flota de submarinos, aviones, camiones y barcos», de acuerdo con el relato de Penn para Rolling Stone.
«Hay una epidemia de heroína, de adicción a los opiáceos, en este país. Así que vamos a seguir combatiéndola, con nuestros socios mexicanos, hasta que la tengamos bajo control», sostuvo, y añadió que el Chapo, capturado de nuevo el viernes pasado, está ahora «entre rejas, y ahí es donde debería permanecer».
En relación con el procedimiento para extraditar al narcotraficante a Estados Unidos, donde afronta numerosos cargos, González aseguró que tardará entre dos y tres años.
Sin embargo, un funcionario federal estimó que dicho proceso se llevará a cabo en un lapso no mayor a seis meses, en virtud de que «a nadie le conviene» que el tema esté sobre la mesa en tiempos electorales, en alusión a los comicios presidenciales de 2018.
Mientras la extradición se concreta, el Gobierno de Enrique Peña Nieto aseguró que las condiciones del penal del Altiplano, al que Guzmán regresó el viernes tras su fuga del 11 de julio pasado a través de un túnel de 1,5 kilómetros, «cumplen plenamente con protocolos internacionales en la materia».
El líder del cártel de Sinaloa, de 58 años, protagonizó otra fuga en 2001 del penal de máxima seguridad de Puente Grande, en el estado occidental de Jalisco, al que había ingresado en 1995 tras ser capturado en Guatemala dos años antes.
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