Tokio es escenario de persistentes manifestaciones contra la reforma militar
Andrés Sánchez Braun / EFE
Japón conmemora estos días el 70 aniversario de los ataques atómicos en Hiroshima y Nagasaki, al término de la II Guerra Mundial, en un ambiente marcado por el rechazo a la decisión del Gobierno de poner fin a más de seis décadas de pacifismo constitucional.
Mientras las dos únicas ciudades atacadas en la Historia con armas nucleares hacen un nuevo llamamiento por la paz y el desarme, Tokio es escenario de las persistentes manifestaciones ante el Parlamento de miles de japoneses descontentos con la reforma militar del Ejecutivo.
El Gabinete de Shinzo Abe tiene previsto aprobar antes de octubre una revisión legal que, por primera vez en 68 años, permitirá a las Fuerzas de Auto Defensa (Ejército) participar en operaciones en el extranjero (como, por ejemplo, misiones de Naciones Unidas) y defender a aliados en caso de que sean atacados.
Estas acciones estaban limitadas hasta ahora por el artículo 9 de la Constitución que Japón adoptó en 1947 a instancias de la ocupación estadounidense y que impide al país el uso de la fuerza para resolver conflictos internacionales.
El Gobierno optó el año pasado por una polémica reinterpretación de dicha cláusula para poder reconocer el derecho de Japón a ejercer la llamada «auto defensa colectiva», que abre la puerta a la revisión legal.
La actuación del Ejecutivo ha sido aplaudida por Washington, que tiene en Tokio a su principal socio militar para hacer contrapeso a la pujanza china, además de por buena parte de la comunidad internacional, incluida la Unión Europea (UE).
Algo muy diferente dicen las manifestaciones callejeras y las encuestas en Japón, donde en torno a un 60 por ciento se muestra en contra de este cambio de rumbo.
Más rechazo despiertan las formas empleadas por el Gobierno para sacar adelante la normativa (casi un 75 por ciento de los sondeados dice rehusarlas).
Y es que ante la imposibilidad de lograr una enmienda constitucional (que requiere el apoyo de dos tercios de las cámaras y una mayoría simple en referéndum) el Ejecutivo optó por la «reinterpretación» unilateral de la Carta Magna, un cuestionable atajo para poder legislar en el Parlamento, donde tiene mayoría con sus socios.
Esto y el que sea precisamente Abe el que haya liderado tan polémico giro hacen que el debate sobre el papel geoestratégico que le corresponde o no a una potencia como Japón quede en segundo plano.
Nieto del ex primer ministro Nobusuke Kishi, ministro del Gobierno imperial condenado y rehabilitado después por EEUU, Abe representa el ala más conservadora del gobernante Partido Liberal Democrático, que desde 1952 solo ha estado 4 años apartado del poder.
Para sus críticos dentro y fuera de Japón resulta fácil atribuir al giro militar un cierto aire revanchista cuando a lo largo de su trayectoria política Abe ha impulsado la omisión de tropelías niponas en Asia antes y durante la Segunda Guerra Mundial en los libros de texto de millones de estudiantes.
Como apuntan muchos académicos, sin un sincero examen de conciencia, el insistente mensaje de la Administración sobre el inquebrantable compromiso de Japón con la paz (el que se escuchará nuevamente en los memoriales de Hiroshima y Nagasaki) seguirá sin resultar creíble a los países vecinos -como China- que sufrieron el yugo nipón hasta el fin de la guerra.
Un reciente sondeo de la agencia Kyodo mostró que el 41 por ciento de los japoneses encuestados ni siquiera supo responder si la cruenta guerra en la que se embarcó su país fue un conflicto de «agresión» nipona o de «autodefensa».
Con o sin reforma militar, no parece esta una senda destinada a cerrar las heridas de los vecinos o las de aquellos japoneses que padecieron y aún padecen el infierno atómico de Hiroshima y Nagasaki.
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