Sería una excusa del gobierno para decir que hace algo contra la discriminación, según abogada
El Ministerio de Justicia de Japón ha habilitado una línea directa para las personas que deseen reportar o denunciar discursos de odio. En teoría suena bien, pero en la práctica no está funcionando, a juzgar por las quejas que ha recogido Mainichi Shimbun.
Algunas personas que llaman, en lugar de recibir ayuda, son atendidas por funcionarios que les informan sobre los alcances de la ley contra la discriminación o que les dicen que es importante que ellas se esfuercen para ayudarse a sí mismas. Es más o menos como si les dijeran: es tu problema y resuélvelo tú.
La línea directa es publicitada a través de afiches colocados en estaciones de tren e instalaciones públicas. Se estima que hay alrededor de 16.000.
A principios de año, la ministra de Justicia, Yoko Kamikawa, aseguró que su ministerio tiene “una postura decidida contra los discursos de odio”.
Las llamadas a la línea directa son redireccionadas automáticamente a la oficina de asuntos legales de la localidad donde reside la persona que llama. Las llamadas son respondidas por empleados locales y defensores de los derechos humanos.
Mainichi publica una llamada hecha en marzo de este año por un hombre de 41 años de origen coreano, que reside en Tokio, para poner de manifiesto que la línea de ayuda no está ayudando.
«Duele y da miedo ver y escuchar manifestaciones en las calles donde gritan ‘Mueran los surcoreanos’”, dice el hombre al funcionario que le contesta.
El empleado le responde: «No podemos juzgar si las palabras dirigidas hacia la gente en general son expresiones de odio. También está el tema de la libertad de expresión. Con la ley actual no podemos hacer nada».
Si no pueden hacer nada, ¿qué utilidad tiene la tan publicitada línea de ayuda?
El hombre se lamenta: «Ellos no escuchan los problemas de la gente que llama, solo explican la posición del gobierno. Yo estaba triste porque sentí que me estaban diciendo que me rindiera».
Otro caso. A principios de abril, una mujer de 30 años, también de origen coreano y con residencia en Tokio, llamó a la línea para pedir que el gobierno de Japón detenga la circulación en línea de un video de una protesta callejera realizada hace unos años frente a una escuela coreana, y en la que los manifestantes gritaban: ‘¡Hemos venido a matar a los coreanos!’ y ‘¡Tirémoslos a la bahía de Tokio!».
¿Qué le dijo el empleado que atendió la llamada? «¿La escuela tomó medidas legales? Para proteger los derechos humanos, es importante que las personas actúen por sí mismas. Si una persona recibe un golpe o es objeto de burla y dice que eso está bien, entonces incluso si otros tratan de pararlo, la gente dirá ‘Si ellos dicen que están bien con eso, entonces eso está bien’».
La mujer sintió que hubiera sido mejor no llamar.
La abogada Yasuko Morooka, especialista en el tema, declara a Mainichi que si las víctimas que llaman se sienten decepcionadas por el trato que reciben “están siendo víctimas de nuevo”.
Morooka es escéptica con respecto a la actitud del gobierno japonés: «Uno podría sospechar que la línea directa no es para ayudar a las víctimas, sino para crear una excusa (de que el gobierno está haciendo algo contra los discursos de odio.) Si no pueden ayudar a las víctimas bajo la ley actual, entonces deberían tratar de hacer nueva leyes», subraya.
¿Qué dice en su descargo el Ministerio de Justicia? Se rehúsa a hacer comentarios. (International Press)
