La justicia prevé una pena máxima de hasta dos años de prisión o una multa de hasta 2,5 millones de yenes.
Una escultora y artista gráfica nipona acusada en Japón de obscenidad pública por distribuir datos para imprimir réplicas en 3D de su vagina se declaró hoy inocente en la primera sesión del juicio que se celebra contra ella en Tokio.
Megumi Igarashi, de 43 años y conocida como la «artista de la vagina», admitió ante el jurado los hechos recogidos en la acusación pero negó la existencia de delito al insistir, como ya ha hecho cada vez que ha sido detenida, en que su trabajo «no tiene nada de obsceno».
Igarashi, que trabaja bajo el pseudónimo «Rokudenashi-ko» («Chica mala»), siempre ha defendido que uno de los objetivos de su trabajo es «desafiar los tabúes» y «luchar contra la discriminación» sobre la sexualidad femenina en la sociedad japonesa.
La escultora fue detenida por primera vez en julio del año pasado y, tras ser puesta en libertad, fue aprehendida nuevamente y acusada formalmente por las autoridades en diciembre con motivo de una exposición de su obra en Tokio.
Según la acusación, Igarashi llevó a cabo una campaña de micromecenazgo y envió a aquellos que realizaron aportaciones datos para imprimir una réplica en 3D de sus genitales y además exhibió en la exposición mencionada obras que reproducían una vagina.
El código penal japonés prohíbe la distribución o exhibición de materiales «obscenos», aunque no incluye una definición exacta de esta categoría.
En la práctica, las reproducciones de genitales humanos que aparecen en medios audiovisuales e impresos -por ejemplo, en la industria pornográfica- son censuradas para evitar problemas legales.
El caso de Igarashi ha desatado la condena de colectivos culturales de distintas partes del mundo que lo consideran una grave violación de la libertad de expresión y también generó una campaña en el portal de peticiones públicas de Change.org que recolectó miles de firmas exigiendo su liberación y exculpación.
Los abogados de Igarashi insistieron hoy en que lo estipulado en el código penal nipón es inconstitucional porque supone una vulneración del discurso libre y también del derecho a la información.
El código japonés prevé una pena máxima de hasta dos años de prisión o una multa de hasta 2,5 millones de yenes (19.640 euros/20.900 dólares) por distribuir material obsceno.
Igarashi ha dicho en ocasiones anteriores que está dispuesta a llegar hasta el Tribunal Supremo de Japón para demostrar que sus actividades no constituyen delito. EFE
