13 de sus integrantes están condenados a muerte
Un tribunal de Tokio comenzó a juzgar el jueves a Makoto Hirata, uno de los últimos miembros detenidos de la secta Verdad Suprema, responsable del atentado en el metro de Tokio en 1995.
Hirata, de 48 años, está acusado de participar en el secuestro en febrero de 1995 de Kiyoshi Kariya, hermano de una mujer que tenía intención de abandonar el grupo religioso.
Kariya, que tenía 68 años, fue retenido en el cuartel general de Aum Shinrikyo (Verdad Suprema) cerca del Monte Fuji y falleció, aparentemente por accidente, tras serle inyectada una droga anestésica.
Hirata no negó su participación, pero sí parte de los cargos que se le imputan, argumentando que su intención no era secuestrar a Kariya.
«Pido perdón por causar un gran perjuicio a la víctima, a su familia y a la sociedad», dijo ante la corte, según la agencia Kyodo.
El acusado también negó haber prendido fuego a un apartamento en Tokio en marzo de 1995, tal y como defiende la fiscalía, y solo admitió haber incendiado, aquel mismo día, instalaciones de Aum para eliminar pruebas incriminatorias.
Se espera que el tribunal, compuesto por tres jueces y los seis miembros de un jurado popular, pronuncie un veredicto a principios de marzo.
Durante el proceso prestarán declaración tres exmiembros de Verdad Suprema condenados a muerte por el atentado del metro de Tokio y también una mujer que dio cobijo a Hirata cuando estuvo prófugo.
Hirata se entregó a la policía de Tokio el 31 de diciembre de 2011, tras 17 años en busca y captura.
Los otros dos exmiembros de Aum que también permanecían fugados entonces, Naoko Kikuchi y Katsuya Takahashi, fueron arrestados por separado en junio de 2012.
Los tres exintegrantes de Aum podrían arrojar algo de luz sobre el atentado en el metro de Tokio, que causó 13 muertos y unos 6.000 heridos en 1995 y cuya investigación ha dejado multitud de aspectos sin aclarar, empezando por la verdadera motivación del ataque.
Verdad Suprema fue fundada en 1984 por Shoko Asahara, que comenzó a captar a través de su seminario de yoga a miembros de la elite universitaria nipona.
En pocos años pasó a ser una poderosa y acaudalada organización con capacidad para producir agentes químicos y armas ligeras.
Tras los atentados, los tribunales han procesado a 189 de sus miembros, emitido cinco condenas de cadena perpetua y confirmado 13 penas de muerte, entre ellas la de Asahara, aunque de momento ninguna de las ejecuciones se ha llevado a cabo. (EFE)