Viola la Constitución japonesa y es incompatible con la democracia, sostienen opositores
Pese a que la ley que endurece las penas a quienes filtren secretos de Estado ya fue aprobada en Japón, las voces de protesta no disminuyen.
Un grupo de 23 expertos en derecho penal emitió una declaración pública en la que sostiene que la norma viola la Constitución japonesa y que la definición de secreto es vaga.
El grupo, liderado por el profesor de la Universidad de Hitotsubashi, Toshikuni Murai, pidió la abolición de la ley que, a su juicio, restringe las libertades ciudadanas.
Por su parte, Amnistía Internacional exigió la revisión de la norma.
Mientras tanto, Mitsuru Otani, líder de una federación de sindicatos de trabajadores de la industria editorial, declaró que la ley es incompatible con la democracia.
La norma establece penas de hasta 10 años de prisión para aquellos funcionarios que filtren información confidencial –en materias como política exterior y defensa– y de cinco para los ciudadanos que colaboren en la divulgación de secretos de Estado.
Según una encuesta de Kyodo, el 82 % de la población aboga por la revisión o la eliminación de una ley que es percibida por sus detractores como un intento del gobierno del primer ministro, Shinzo Abe, de controlar a la prensa.
