Es una amenaza al sistema democrático, sostienen opositores
Grupos de escritores, editores, periodistas y abogados de Japón han expresado su contundente rechazo a una ley aprobada esta semana en el Parlamento que castiga severamente la difusión de secretos oficiales, informó la cadena pública NHK.
La nueva norma califica de «secretos especiales» toda información sensible en materia de diplomacia, defensa, contraespionaje y lucha contra el terrorismo, y contempla penas de prisión de hasta 10 años para aquellos funcionarios que filtren dichos datos, y de hasta cinco para todos aquellos ciudadanos que instiguen su filtración.
La responsabilidad de establecer qué información entra dentro de la categoría de «secretos especiales» recae en los ministros y en los directores generales de las agencias públicas.
El Club de Escritores de Japón, asociación que promueve el debate público y la libertad de prensa, ha calificado de inaceptable la ley en un comunicado, en el que también dice que la norma facilita el encubrimiento de información por parte de las autoridades y supone una amenaza que podría destruir el actual sistema democrático.
La declaración añade que los miembros del club están decididos a proteger la libertad de expresión y que no sucumbirán a la intimidación que implica esta ley.
Por su parte, la Asociación Japonesa de Editores de Periódicos y Revistas y la Asociación de Editores de Libros de Japón han emitido una declaración conjunta que cree que la ley es «capaz de destruir el derecho a la información» y la tacha de «extremadamente peligrosa».
El Congreso de Periodistas de Japón ha considerado la aprobación del texto como «una acción temeraria sin precedentes», mientras que el presidente de la Federación Japonesa de Asociaciones de Abogados, Kenji Yamagishi, calificó de inaceptable la tramitación apresurada y sin apenas debate público de la ley por parte del Parlamento.
Ayer en diversos puntos de Tokio, cerca de 15.000 personas en total, se volvieron a concentrar en las calles para protestar contra la nueva legislación.
La anterior ley nipona sobre esta materia, aprobada en 2001, contemplaba penas de cinco años para este tipo de delitos y tan solo se refería a la información sobre seguridad nacional manejada por el Ministerio de Defensa.
El intento de aprobar una nueva ley de secretos oficiales surgió después de que un funcionario del servicio guardacostas filtrara en 2010 en internet un vídeo que mostraba cómo un pesquero chino embestía a dos patrulleras niponas cerca de las islas Senkaku, territorio cuya soberanía se disputan Tokio y Pekín. (EFE)
