El Ministerio de Justicia de Japón (Homusho) creará un panel de expertos para revisar el sistema de compensaciones por daño moral (seishinteki songai), tras las crecientes críticas por el «bajo monto» de las indemnizaciones que los tribunales dictan en juicios por injurias y acoso en internet, las cuales impiden una reparación efectiva a las víctimas.
El ministro de Justicia, Takashi Yamashita, anunció que un grupo integrado por diez especialistas entre magistrados, abogados y académicos, presidido por Keizo Yamamoto, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Waseda, empezará a trabajar en el tema desde este 30 de septiembre.
El objetivo del panel consiste en ordenar los criterios de cálculo indemnizatorio para remitir una propuesta formal de reforma del Código Civil ante el Consejo Consultivo Legislativo. Las disposiciones sobre actos ilícitos, vigentes desde la promulgación del código en 1886, apenas han variado en más de un siglo. Por ello, la comisión centrará su debate bajo el lema de «revisión del marco legal sobre actos ilícitos».
CRITERIOS OBSOLETOS Y LÍMITES EN REDES
En los casos de difamación en redes sociales que atentan contra el honor y los derechos de la personalidad, las sentencias suelen estancarse en compensaciones de unos pocos cientos de miles de yenes.
Aunque la jurisprudencia ha concedido indemnizaciones a familiares por agresiones verbales contra personas fallecidas al vulnerar el «sentimiento de respeto, afecto y recuerdo» de los deudos, el ministerio admitió no tener constancia de órdenes judiciales que hayan prohibido o bloqueado tales publicaciones.
El panel busca codificar los elementos que ponderan las indemnizaciones y las medidas cautelares de cese según los precedentes, aunque la cartera aclaró: «No se prevé que el grupo de estudio fije una suma exacta».
PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN Y MENORES
La agenda abarcará también la prescripción extintiva de las demandas civiles. Actualmente, los reclamos por daños a la vida o integridad física caducan a los 5 años de identificar el daño y al responsable, o a los 20 años de ocurrido el hecho.
El ministerio evaluará ampliar estos plazos, motivado por las dificultades que enfrentan las víctimas menores de edad de violencia sexual para denunciar a tiempo. (RI/AG/IP/)
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