El Parlamento de Japón promulgó una ley para compensar a las personas discapacitadas que fueron víctimas de esterilizaciones forzosas al amparo de una ley de protección eugénica, informó Mainichi Shimbun.
Cada víctima recibirá 3,2 millones de yenes (28.000 dólares). Los pagos comenzarán a finales de junio.
A través de una declaración pública, el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, enfatizó el «gran daño psicológico y físico» que sufrieron las víctimas de las esterilizaciones forzosas.
Abe ofreció disculpas a nombre del Estado japonés.
El legislador Hidehisa Otsuji declaró que el Parlamento, que aprobó la ley por unanimidad, “tiene una gran responsabilidad, y creo que debe disculparse de manera apropiada. Los afectados tienen una edad avanzada, por lo que creo que fue bueno que la ley se promulgara rápidamente».
La antigua ley permitía la esterilización de personas con dispacidades, enfermedades mentales o trastornos hereditarios para evitar el nacimiento de personas “inferiores”.
Se estima que unas 25.000 personas fueron esterilizadas bajo la ley que estuvo en vigor entre 1948 y 1996. Sin embargo, solo existe documentación de 3.079 víctimas.
Esto no significa que el resto no tendrá derecho a la reparación. Sus propios testimonios podrán ayudar a que sean elegibles.
Aquí surge un problema: debido a que las víctimas no recibirán una notificación de elegibilidad por consideración a su privacidad, se teme que el número de personas que recibirán la reparación será limitado.
Si bien la nueva ley es un gran paso hacia la reparación, Mainichi advirtió de que existe una brecha entre el Estado y algunas víctimas con respecto al monto de las compensaciones.
Si bien las esterilizaciones forzosas eran ominosas, el gobierno sostiene que eran legales. En la ley aprobada en la Dieta, no se hace mención a la ilegalidad o inconstitucionalidad de las esterilizaciones.
En Japón se han presentado siete demandas ante tribunales de distrito con respecto a las esterilizaciones forzosas. El Tribunal de Distrito de Sendai emitirá el primer fallo el 28 de mayo. Si avala los reclamos de los demandantes, la ley recién aprobada podría ser revisada. (International Press)
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