Un tribunal superior japonés ordenó por primera vez suspender por motivos de seguridad el funcionamiento de un reactor nuclear que fue reactivado en agosto de 2016, a pesar de las protestas de los habitantes de la zona.
El Tribunal Superior de Hiroshima ordenó detener el reactor 3 de la central nuclear de Ikata, ahora desconectado por una revisión rutinaria, al cuestionar las estimaciones de la empresa operadora, Shikoku Electric, sobre la potencia de un eventual terremoto, factor clave en el diseño de una estructura lo suficientemente resistente.
El fallo también cuestiona, como hacían los demandantes, que las nuevas medidas adoptadas tras el accidente nuclear de Fukushima de 2011, que establecían requisitos más estrictos para las centrales, garanticen la seguridad, según la agencia japonesa Kyodo.
Los demandantes alegaron que al calcular la posible magnitud de un seísmo, la compañía subestimó el hecho de que el reactor se encuentra sobre la fosa submarina de Nankai -donde varios estudios han predicho la alta probabilidad de fuertes temblores en las próximas décadas- y que se encuentra cerca de una falla geológica.
Los querellantes, cuatro residentes en zonas cercanas a la central, alegaron también que las regulaciones post-Fukushima no pueden garantizar la seguridad y que un accidente o un desastre natural podría causar daños importantes, porque las medidas fueron adoptadas sin conocer completamente las causas de aquel temblor.
En marzo de este año, un tribunal de distrito de Hiroshima dictaminó que la nueva normativa del regulador nuclear nipón (NRA) garantizaba la seguridad, sentencia revocada el miércoles.
La decisión del Tribunal Superior de Hiroshima contrasta con la adoptada en marzo por el de Osaka (oeste), que revocó la decisión de una instancia inferior de detener los reactores 3 y 4 de la central de Takahama por motivos de seguridad.
El de Ikata es uno de los tres reactores operativos en Japón (del total de 42 existentes en el país asiático), una reactivación que comenzó en 2015, y promovida por el Ejecutivo del primer ministro, Shinzo Abe, a la que se oponen gran parte de la ciudadanía y las autoridades locales. (EFE)
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