Varios miles de japoneses se concentraron el jueves frente al Parlamento nipón para protestar contra la llamada ley «anticonspiración», al considerar que esta normativa supuestamente destinada a prevenir el terrorismo restringe libertades básicas.
La protesta, que tiene lugar el mismo día en que la Cámara Alta del Parlamento ratificó la normativa, ha reunido al menos a 2.000 manifestantes, muchos de los cuales pasaron la noche frente a la sede después de que otros 5.000 se concentraran la víspera en contra de la polémica ley, según las plataformas organizadoras.
La normativa penalizará por primera vez la conspiración criminal, que se define como una organización o grupo de personas destinado a cometer algún delito (de un total de 277 tipificados), o que estén realizando preparativos para ello.
El Gobierno defiende esta ley «anticonspiración» como una herramienta para prevenir el terrorismo, sobre todo de cara a la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y para permitir que Japón ratifique la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional adoptada en el año 2000.
Los detractores de la normativa, entre los que se encuentran expertos jurídicos, ONG y organismos internacionales, advierten de que la amplitud del ámbito de la legislación podría poner en riesgo derechos fundamentales como la libertad de expresión, o conducir a una vigilancia excesiva de agrupaciones civiles.
Los manifestantes esgrimieron lemas como «No a una sociedad autoritaria», «No queremos ser vigilados» o «Nuestra democracia ha muerto», en una concentración donde algunos oradores, equipados con megáfonos, alertaron también de que este tipo de protestas podrían ser consideradas ilegales bajo la nueva normativa.
La Federación de Colegios de Abogados de Japón tachó la normativa de «preocupante» y afirmó que trabajará para evitar que ésta sea «usada arbitrariamente», a través de una declaración de su presidente, Kazuhiro Nakamoto.
La ONG Amnistía Internacional también ha censurado la normativa, mientras que el relator especial sobre privacidad de Naciones Unidas, Joseph Cannataci, advirtió en una carta remitida al primer ministro el mes pasado que podría afectar al derecho a la privacidad y otras libertades.
El Gobierno que lidera el conservador Shinzo Abe ha aprovechado su amplia mayoría en el Parlamento para sacar adelante una ley que también han repudiado con firmeza todos los partidos de la oposición, agrupaciones de medios de comunicación y personalidades del mundo de la cultura, entre otros colectivos. (EFE)
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