Nuevo ministro japonés de Justicia defiende pena de muerte para “crímenes crueles”

Foto kaneda-k.com

 

Su principal objetivo: convertir a Japón en «el país más seguro del mundo»


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El nuevo ministro nipón de Justicia, Katsutoshi Kaneda, defendió la pena capital como «un castigo inevitable» para «crímenes crueles», en declaraciones tras su nombramiento recogidas hoy por los medios japoneses.

Kaneda manifestó así su voluntad de que Japón continúe siendo el único país industrializado junto con EE.UU. que mantiene la pena de muerte, después de ser nombrado para el cargo en la víspera por el primer ministro nipón, Shinzo Abe, dentro de la remodelación del Gabinete de Gobierno.


«Es inevitable aplicar la pena capital a una persona que haya cometido un crimen cruel y con clara responsabilidad penal», afirmó Kaneda en sus primeras declaraciones como titular de Justicia, recogidas por el diario nipón Sankei.

Kaneda, de 66 años y exviceministro de Exteriores, también destacó la necesidad de «tener prudencia» a la hora de emitir órdenes de ejecución, así como de considerar «la opinión pública y la concepción social de justicia» para aplicar este castigo.

El hasta ahora diputado del conservador Partido Liberal Demócrata (PLD) en la Cámara Alta del Parlamento nipón añadió que su principal objetivo como ministro será convertir a Japón en «el país más seguro del mundo».


Las últimas ejecuciones en Japón tuvieron lugar el pasado marzo, en las que se aplicó la pena capital a dos condenados por asesinatos múltiples y que elevaron a 16 el total de ejecuciones firmadas por el actual Gobierno que lidera Abe.

En Japón, donde se emplea la horca, a los reos se les comunica que van a ser ajusticiados horas antes de la ejecución, algo duramente criticada por ONG que denuncian la carga psicológica que soportan los condenados, muchos de los cuales pasan décadas recluidos y aislados sin saber cuándo se les aplicará la pena.


Las organizaciones humanitarias también presionan regularmente a Tokio para abolir la pena capital, al tiempo que el Gobierno insiste en que el debate no es necesario dado el apoyo mayoritario que indican las encuestas (en torno al 80%). (EFE)

 

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