El mito del apoyo masivo a la pena de muerte en Japón

Respaldo podría no ser tan alto como dice el Gobierno


Pena de muerte
María Roldán / EFE

El apoyo mayoritario a la pena de muerte en Japón, en el que el Gobierno se escuda para mantenerla, podría no ser tan alto entre los nipones como atestiguan los datos oficiales, según muestran las conclusiones de un nuevo estudio.

Los resultados obtenidos por un grupo de investigadores internacionales sugieren que el apoyo incondicional a la medida dista mucho del 80 por ciento reflejado en los sondeos realizados regularmente por el Gobierno.


El estudio «El mito de la Opinión Pública. Por qué Japón mantiene la pena de muerte», que será publicado el próximo octubre en inglés, plantea dudas sobre la contundencia de estas cifras.

El Gobierno nipón realiza la encuesta para medir el grado de aceptación de la pena de muerte aproximadamente cada cinco años desde 1956, y considera los resultados como una evidencia empírica que demuestra la firmeza con la que la sociedad japonesa apoya esta medida.

Japón es junto con Estados Unidos el único país industrializado y democrático que mantiene la pena de muerte a pesar de que en los últimos años la abolición es la tendencia mayoritaria (más de 160 países han abolido la medida por ley o en la práctica, según datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos).


La reticencia nipona a abandonar esta práctica ha sido duramente criticada por organizaciones como Amnistía Internacional, que tilda de «cruel» la legislación del país, donde se estipula entre otras cosas que los presos han de permanecer incomunicados y recibir la noticia de su ejecución pocas horas antes de llevarse a cabo.

La última ejecución en Japón se produjo el pasado junio. Se trató de la décimo segunda pena capital que se aplica desde la llegada al poder en 2012 del primer ministro conservador Shinzo Abe.


Unos 130 convictos más esperan a que se aplique su sentencia en las prisiones niponas.

La ministra de Justicia, Yoko Kamikawa, volvió a defender la última ejecución escudándose en los resultados de la más reciente encuesta que revelaba un nuevo apoyo mayoritario.

Una de las responsables del estudio, la doctora en Criminología Mai Sato, explica a Efe que si bien es cierto que en términos generales la mayoría mantiene una actitud favorable a conservar la pena de muerte, «detrás de esa generalidad existe una minoría realmente comprometida para conservarla».

Sato, junto al profesor asociado de la Universidad de Waseda en Tokio, Paul Bacon, realizó entre febrero y marzo una encuesta paralela muy similar a la conducida por el Gobierno nipón en noviembre de 2014, con el objetivo de analizar el sondeo oficial.

En ambos casos se pidió a los encuestados su opinión sobre el mantenimiento o abolición de la práctica. Y en ambos casos alrededor de un 80 % se mostró partidario de conservarla.

A pesar de la contundencia de las cifras, su análisis minucioso muestra otra realidad, pues los matices en las respuestas de los encuestados denotan un «apoyo pasivo» y cierto desconocimiento (tan sólo un 51 % sabe que la horca es el método de ejecución que establece la ley nipona), según los investigadores.

En el caso de la encuesta del Gobierno, identificaron que sólo el 34 % de los encuestados respondieron que no aceptarían una futura abolición, mientras que en el sondeo paralelo la cifra fue del 27 %.

Frente a los «retencionistas», otro 46 % (en ambos cálculos) indicó que la medida «debería mantenerse en el futuro», pero no mostró reticencias a un posible cambio.

De hecho, un 71 % se mostró dispuesto a aceptar su abolición si el Gobierno iniciara el proceso pertinente.

Para Sato y Bacon esto es una señal de que para la mayoría de los japoneses la pena de muerte «es un tema distante que poco tiene que ver con su vida cotidiana, y no es algo en lo que inviertan tiempo reflexionando».

¿Por qué entonces mantiene Japón la pena de muerte? Sato considera que «la retención es la opción a la que los japoneses recurren por defecto, al vivir en una sociedad inmovilista con un bajo índice de criminalidad».

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